La crisis económica ha creado enormes problemas a muchos ámbitos de la sociedad. Uno de los más perjudicados ha sido el mundo de la cultura, con los recortes que ha introducido la Administración para reducir el déficit, lo que le ha obligado a buscar nuevas fuentes de financiación… y a reducir su catálogo de actividades. El problema es que también los fondos privados andan escasos de recursos, con lo cual dos de las vías que contribuyen a su sostén hacen agua. La tercera es la autofinanciación, pero la subida del IVA y el descenso de los ingresos de las familias tiran también en la misma dirección. El panorama es preocupante.

No olvidemos que el Gobierno tiene la obligación de conservar el patrimonio artístico nacional, lo dice el artículo 46 de la Constitución, pero nadie le impide clausurar teatros y auditorios o retirar las subvenciones a las industrias del cine o a las empresas editoriales. Y parece claro que las directrices que se han marcado van por aplicar recortes a todas las partidas del presupuesto, sin hacer distinciones, así que no sería extraño ver a corto plazo cómo se cierran los museos, como se clausuran los teatros y cómo emigran los cineastas.

Al parecer, los dirigentes de este “paisito” confían en el mecenazgo, como una alternativa real a la financiación pública de la cultura, sin darse cuenta de que eso no es posible, sin modificar el estatuto jurídico de muchas entidades, que tendrían que convertirse en fundaciones para percibir donaciones con derecho a deducción fiscal para el sponsor, porque sin ella el sector privado no va a mostrar interés en ese tipo de inversiones cuyo retorno no provoca un gran entusiasmo, salvo el valor intrínseco que produce la filantropía.

Aun así el gobierno ha renunciado a aprobar a corto plazo una nueva ley de mecenazgo ─y es muy posible que no lo haga en esta legislatura─, a la espera de un equilibrio presupuestario, que no se alcanzará en unos cuantos años. Es preocupante constatar que el debate sobre la nueva ley se haya iniciado a raíz de este retraso y que sólo se invoquen razones económicas. Da la impresión de que la Administración pretende desatender su responsabilidad de financiar la cultura y trasladarla a la iniciativa privada, lo que provocará la creación de obras “dirigidas”, al gusto de quien las patrocina, en detrimento de las producciones “incómodas” que reprueban los abusos del poderoso.

Sólo Navarra se ha atrevido a avanzar por ese camino. A mediados de julio, su gobierno aprobó un anteproyecto de Ley Foral de mecenazgo cultural, que contempla desgravaciones que pueden llegar hasta el 50% de la cuantía subvencionada, con la particularidad de que se amplía el tipo de beneficiarios, ya que da cabida a cualquier empresa, institución, administración pública o particular, con la sola condición de que los proyectos sean declarados de “interés social”. El anteproyecto está abierto a un proceso de participación ciudadana hasta el próximo 15 de septiembre.

Volviendo a la ley nacional del mecenazgo, parece que el borrador está bastante avanzado, pero no cuenta con el favor del ministerio de Hacienda, ya que plantea un incremento importante de las deducciones del 25% (para empresas) y 35% (para personas físicas) hasta el 60-70% respectivamente, un porcentaje similar al que se aplica en Francia y Reino Unido. Además amplia la categoría de los receptores que ahora han de ser entidades sin ánimo de lucro y luego podrán serlo también las empresas y los autónomos, así como las temáticas de los proyectos, lo que supondría una merma importante en los ingresos del Estado.

Se comenta que la nueva ley podría incluir una modalidad de microdonaciones de hasta 150 euros con un 100% de deducción para el donante, una fórmula que podría ser de sumo interés para los escritores diletantes, sobre todo si el Estado alentase la sensibilidad ciudadana sobre la importancia que tiene la literatura en la formación de una sociedad culta e independiente.

Publicar una novela de 250 páginas puede costar unos 4.000 euros (2.500 por imprimir 1000 ejemplares, 300 por la portada, 1.200 por la corrección del texto y el maquetado por tu cuenta). Se trataría de encontrar 27 personas dispuestas a adelantar ese importe de 150 euros para cubrir el gasto inicial, a cambio de alguna compensación, quizá la sola inclusión del nombre del donante en una de las solapas del libro. ¿Sería tan difícil de convencer a la gente para tan noble menester, sabiendo que luego iba a desgravar la cantidad anticipada en su declaración de la renta? No me extraña que la nueva ley se retrase, quizá sine díe, sería demasiado avanzada.

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El crowdfunding es otra de esas palabrejas inglesas que se ha colado al lenguaje empleado en ámbitos económicos y sociales para designar un fenómeno que está adquiriendo popularidad como fórmula para financiar proyectos de cualquier naturaleza, en la que el poseedor de una idea solicita la participación ciudadana cuando no tiene recursos propios para ponerla en práctica.

Traducido con alguna libertad, crowdfunding significa “financiado por la plebe”, en base a pequeñas cuotas aportadas por personas ajenas que se sienten vinculadas o comprometidas con el proyecto, cuyo propósito puede ser tan variado como una campaña de protesta ciudadana, la fundación de una eco-aldea (ver la experiencia de Kan Awen en el valle Biert, provincia de Girona) o la creación de una obra de arte. Sería un término sinónimo de mecenazgo, aunque éste parece asignarse a la protección dispensada a un artista por un protector de patrimonio crecido y aquél, a muchas contribuciones de pequeña cuantía, razón por la cual se podría denominar “micromecenazgo”, “patrocinio colectivo”, o “financiación en masa”, expresión esta última que empieza a cobrar respaldo.

En principio, el crowdfunding es una donación a fondo perdido, en las que el padrino no pretende obtener un beneficio financiero, tan sólo algún obsequio en especie o el mero hecho de que su nombre aparezca en una lista de benefactores, aunque también serviría para la puesta en marcha de negocios mercantiles, en cuyo caso la aportación se convertiría en una participación en la sociedad, si es que el proyecto tiene éxito y se crea una compañía para su explotación.

Una de los usos habituales del crowdfunding es para que los escritores obtengan recursos y puedan financiar la publicación de su obra. Dos ejemplos:

• Paco Abril recurre a la microfinanciación para publicar su libro “Alma de papel”.
• Nina LaCour quiere llevar al cine su primera novela “Hold  Still”.

Para obtener los fondos, se han creado una serie de plataformas en la web que permiten a los autores explicar su proyecto y las formas que proponen para conseguirlo, así como la recompensa que ofrecen a quienes apuesten por ellos. Una de ellas es Kickstarter que, desde su fundación en 2009, ha financiado más de treinta mil proyectos, de los cuales 2.748 han sido para publicar libros, aunque no todo son elogios.

Otra es Verkami. Vicente Baratas Martín la ha utilizado para dar a conocer su proyecto: obtener 2.000 euros para financiar la edición de cien ejemplares de “Ecos desde Britania”, una trilogía de novela histórica sobre el universo artúrico que el escritor publicó antes en versión blog. Para ello, solicita la colaboración de suscriptoress dispuestos a contribuir con importes de 6 – 10 – 20 – 30 – 50 -300 – 600 euros. A cambio, Baratas ofrece a los mecenas una recompensa que va desde el simple envío de los tres libros hasta incluir una mención especial del patrocinador en la página de agradecimientos, con dedicatoria del autor y logo en la portada.

Una de las ventajas del crowdfunding es su tratamiento fiscal. En España, las personas físicas pueden deducir de la cuota íntegra el 25% de la donación y las personas jurídicas el 35%, siempre que dicha donación sea inferior al 10% de la base imponible. Este derecho sólo existe si el beneficiario cumple una serie de requisitos, uno de los cuales es que sea una entidad sin ánimo de lucro. Esto es lo que dice la legislación actual, ya que se espera en breve ─antes del 30 de marzo de 2013─ una nueva Ley del Mecenazgo que va a incrementar las desgravaciones hasta el 60% y el 70% respectivamente, aunque a uno le entran enormes dudas de que el Gobierno apruebe, en este momento, un decreto que suponga una reducción de la recaudación.

Hasta hace bien poco, en España, ha sido el Estado el que se ha encargado de financiar la cultura, con sus lógicas consecuencias de partidismo, dependencia ideológica y, finalmente, mediocridad. Ahora, como la Administración tiene cada vez menos dinero, se aplica en discurrir otro modelo que tienda a favorecer la participación de la sociedad en la creación artística, a través de una nueva ley de mecenazgo ─lo siento, me gusta más patrocinio; dejemos crowfunding para los sajones─ que, según el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, será aprobada como muy tarde en otoño, para entrar en vigor el 1 de enero de 2013.

Esto es una buena noticia. Mira por donde, la crisis nos va a permitir poner un marcha una nueva receta para que mucha más gente tenga acceso a la actividad creativa, para llevar la democracia a la cultura, para que sea un bien de todos, la envolvente de conceptos tan anhelados como la libertad, el procomún y la globalidad. Grandes calamidades han precedido siempre a etapas de esplendor. Ahora también.

Al parecer, la ley no pretende privatizar la cultura, sino instaurar un régimen mixto, de forma que la iniciativa ciudadana complemente la labor de la Administración, fórmula al gusto de casi todos, que se viene reclamando desde hace tiempo. Nadie quiere un liberalismo a ultranza, pero tampoco es bueno que la cultura esté en manos de los políticos y de sus turbios intereses. Como siempre, la solución está en el medio, aunque su implantación será lenta, los viejos hábitos no desaparecen fácilmente.

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al patrocinio, actualmente en vigor, permite a los particulares deducir un 25% del importe de la donación, de la cuota íntegra del IRPF, mientras que la empresa puede llegar a deducir hasta un 35% de dicho importe, de la cuota del impuesto de sociedades. Se dice que el ministro quiere subir la desgravación hasta el 60 o 70%, como ocurre en Europa, pero, al parecer, tropieza con el criterio de su colega de Hacienda.

A primera vista, el proyecto tiene visos de ir por el buen camino, ni todo privado ni todo público. El objetivo no es llegar al 100%, sino que la sociedad adquiera esa sensibilidad que le falta y comprenda el interés que para todos tiene apadrinar el talento. La futura ley no sólo se dirige a las corporaciones y las grandes fortunas, sino que también busca la complicidad de la población, que las personas físicas aporten su óbolo y tengan derecho a la misma exención fiscal.

Leía el otro día en “El País” un artículo de Ania Elorza en el que presentaba dos casos de «micropatrocinio» que bien pueden servir de orientación a artistas diletantes que quieran dar vida a su primera obra:

Nicolás Ocio, jardinero de profesión, quería realizar un cortometraje algo distinto, en blanco y negro, sin diálogos, con la cámara al ras del suelo. Una familia de Vitoria le regaló 15.000 libros que ocupaban espacio. Él se los llevó y aprovechó el día del libro para venderlos a peso. Con el producto de la venta vio realizado su sueño: el video en el que actuaron treinta personas, fue filmado en seis días. Y además, con presencia en los medios por la originalidad del procedimiento. Eso se llama ingenio, adquirir notoriedad y… gratis.

Sara Iñiguez, intérprete de Rubia, no encontraba manera de financiar la edición de su primer disco, necesitaban 4.000 euros. La solución vino a través de la plataforma de mecenas Verkami: 200 personas pusieron dinero de su bolsillo, en 40 días cubrieron la suscripción, el disco ya está en el mercado. El regalo de Rubia fue ofrecer a sus mentores ir de cañas con todo el equipo. “Hubo gente que no nos conocía de nada, alguno puso hasta 300 euros. Ahora algunos se han convertido en amigos”.