El cierre de Megaupload: ¿Una actuación populista?

Categoría (Derechos de autor, General) por Manu de Ordoñana el 30-01-2012

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El pasado 19 de enero, El FBI suspendió el portal de Megaupload, un sitio en la red que ofrecía un servicio de alojamiento y descarga de archivos, a través del cual el internauta podía bajar a su ordenador o visualizar en línea cualquier tipo de archivo: películas, discos, fotografías, libros, etc., utilizando webs de enlace que incluían  índices ordenados de sus contenidos. La plataforma permitía el acceso a través de dos tipos de cuentas. Una era gratuita con ciertas limitaciones para su uso, como el número de archivos, su tamaño y la velocidad de descarga. La otra era Premium, sin restricción alguna, a cambio de una suscripción anual.

La web, creada el 21 de marzo de 2005 en Hong Kong, era el décimo tercer sitio más visitado del mundo, tenía 180 millones de usuarios registrados y era visible en 18 idiomas diferentes. Por su culpa ─según las autoridades norteamericanas─, la industria del ocio ha dejado de percibir 500 millones de dólares, aunque otras fuentes tan solventes como Harvard Business School y los gobiernos de Canadá, Suiza y Holanda aseguran que esa cifra es “irreal y tendenciosa”.

La demanda que han presentado los fiscales aporta cifras en consonancia con las de los daños que estima la industria. “Las personas acusadas eran miembros de una organización criminal internacional cuyos miembros se hallaban inmersos en infracciones criminales de los derechos de autor y lavado de dinero a escala masiva, ocasionando un daño a los dueños de esos derechos por valor de 500 millones de dólares y con un lucro propio de 175 millones de dólares”. En una operación conjunta realizada en ocho países, la policía arrestó a los administradores de la compañía: siete en los Estados Unidos y cuatro en Nueva Zelanda. Los acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 50 años.

El creador de Megaupload, el alemán Kim Schmitz (Kiel, Alemania, 1974) es un personaje curioso. Conocido bajo el apodo de Dotcom, pesa más de cien kilos y tiene aficiones caras: coches deportivos, rubias despampanantes, jacuzzis, champán… Desde muy joven, supo aprovechar el boom de Internet para ganar dinero, no siempre de forma legal. A los 19 años, saltó los filtros del Pentágono, pirateó su red y pudo ver imágenes del palacio de Sadam Hussein. A los 20, le arrestaron por “espionaje electrónico”. A los 27, después de que dos de sus amigos murieran en el 11-S, amenazó públicamente a Osama Bin Laden y ofreció diez millones de dólares por información para cazar al saudí. Y ahora, con 37 años, acaba de ser detenido en Nueva Zelanda por dirigir “una organización criminal de dimensiones mundiales”.

La clausura de la web y el arresto de sus directivos se ha producido en un momento crucial en EE UU, después de las protestas que ha ocasionado la discusión de la ley antidescargas, conocida como la ley SOPA, pendiente de aprobación en el Congreso y en el Senado, cuyo objetivo persigue el robo de material protegido por derechos de autor, autorizando el cierre sin orden judicial de páginas web sospechosas de no respetar la propiedad intelectual.

Esta doctrina legislativa que permite a las autoridades el cierre de cualquier página web puede que sirva para frenar la piratería salvaje que la mayoría de los ciudadanos condenamos, pero no olvidemos que se presta a que se cometan abusos, a que los gobiernos impidan la circulación de noticias que no sea de su agrado, a que la industria cultural presione para suspender actividades que considere lesivas a sus intereses económicos, sin tener en cuenta los del usuario. La legislación tendría que limitarse a atender las denuncias que demuestren la ilegalidad de los contenidos y sólo cerrar aquellos enlaces que conducen a espacios protegidos, pero no permitir que se criminalice de entrada a los proveedores de archivos hasta que éstos demuestren su inocencia.

Porque, al final, esta conducta no sirve para nada. El cierre de una página web no restablece el equilibrio que ha de existir entre el derecho a la propiedad intelectual y la libertad de expresión que ofrece Internet. Por cada web que se cierra hoy surge mañana otra con tecnología más avanzada o en países donde la actuación judicial es más complicada ─si existen paraísos fiscales, pronto aflorarán los digitales─. Ya entiendo que el problema es difícil de solucionar, habría que afrontarlo de forma global y eso, por ahora, parece imposible. Hace mucho tiempo que la tecnología menosprecia la legalidad y burla la acción de la justicia.

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