El futuro de las pensiones

Categoría (Cultura y democracia, General, La fiscalidad del escritor) por Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz el 29-02-2016

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El mundo de la cultura anda un tanto “revueltillo” desde que la Inspección de la Seguridad Social ha empezado a investigar las declaraciones fiscales de los artistas y creadores jubilados. Es sabido que algunos de ellos cobran una pensión de jubilación y, al mismo tiempo, reciben una remuneración en concepto de “derechos de autor”, lo cual sólo es posible si los ingresos obtenidos por tal concepto son inferiores al SMI (salario mínimo interprofesional), que actualmente es de 9.172,80 euros anuales, tal y como establece el decreto ley 5/2013.

La disposición entró en vigor el 17 de marzo de 2013, ya que, hasta esa fecha, las dos percepciones eran compatibles sin ninguna limitación. Ahora, si un ciudadano de más de 65 años quiere seguir ejerciendo su profesión ―no sólo la de escritor―, lo puede hacer, pero ha de renunciar previamente a la mitad de la pensión que le corresponde y darse de alta en la Seguridad Social  cotizando un 8% como “cuota de solidaridad” y un 1,35% para cubrir la contingencia de accidente laboral. Y si no la hace, perderá su pensión de todo un año, cada vez que perciba por cualquier concepto unos ingresos superiores al SMI.

La norma se aplica no sólo a los escritores profesionales que cobran regularmente sus “derechos de autor”. También perdería su pensión el jubilado que decide escribir un cuento―el sueño de su vida que no ha podido realizar hasta ese momento―, lo presenta a un concurso literario dotado con 10.000 euros y lo gana. ¿No es eso un castigo excesivo para quien ha cumplido la edad legal de jubilación y ha cotizado durante los 40 años de su vida laboral?

Uno podría entender que el Gobierno esté preocupado: las cuentas no salen, el sistema de pensiones es insostenible y el sistema fiscal actual es incapaz de financiar el estado de bienestar al que nos han acostumbrado. Veamos por qué:

1.- Los pensionistas reciben más de lo que aportan. Según un informe interno elaborado en 2013 por técnicos de la Seguridad Social, los pensionistas reciben cuatro veces (entre 2,5 y 7 veces) más de lo que han aportado a lo largo de su vida laboral. Este enorme déficit que se ha ido acumulando a lo largo de los últimos veinte años explica la situación de ruina en que se encuentra la Seguridad Social.

Es cierto que, hasta la fecha, muy pocos trabajadores han cotizado más de cuarenta años. Por otra parte, como la pensión se calcula sobre la base de cotización de los quince últimos años, ha sido práctica habitual cotizar por el mínimo hasta llegar a la edad de 50 años. Las cosas han mejorado algo, pero todavía se sigue haciendo, ya que la ley lo permite.

Los números muchas veces ayudan a entender los conceptos. Por eso hemos realizado unos cálculos sencillos para conocer la tasa de cobertura que tiene el Fondo de Pensiones la Seguridad Social para afrontar sus compromisos de jubilación sobre dos casos extremos. El primero se refiere a un licenciado que empieza a trabajar en 2016 con 25 años, que se jubilará a los 67 y que cotizará por el máximo durante 42 años. El segundo se refiere a un ama de casa que a los 52 años empieza a trabajar en 2016, hasta los 67 y va a cotizar por el mínimo durante 15 años.

En ambos casos, se ha supuesto que la inflación es CERO para todo el periodo. Tomando como base la esperanza de vida que estima el Instituto Nacional de Estadística, se ha confeccionado una tabla para cada caso con cuatro tipos de revalorización media anual del capital por encima de la inflación, desde 0% a 2%. Los resultados son concluyentes y se podría asegurar que, en su conjunto, las necesidades financieras estarían cercanas al doble de los recursos disponibles.

2.- La solidaridad intergeneracional ha quedado anticuada. El régimen público de pensiones en España funciona sobre la base de que las prestaciones que reciben los pensionistas se obtienen de las cotizaciones de los trabajadores en activo. Este sistema de reparto está basado en el principio de solidaridad intergeneracional y su sostenibilidad depende de la proporción entre el número de trabajadores activos y el de personas que reciben una pensión. La fórmula tuvo su razón de ser en el momento en que se implantó, allá por los años 60 del siglo XX, cuando no existía fondo alguno y la factura era reducida. Pero ahora ya no sirve, cuando esa proporción ha pasado de cuatro a finales de los años setenta a dos en la actualidad.

Si este índice es ya preocupante, el futuro es imposible. Aunque el Instituto Nacional de Estadística estima que, hacia el año 2050, esa proporción se habrá reducido a uno y medio, otros expertos creen que tan sólo habrá un trabajador afiliado por cada pensionista, debido a la evolución demográfica (la población mayor de 65 años pasará del 18,2% en 2014 al 24,9% en 2025 y al 38,7% en 2064) y al nulo crecimiento ―o muy pequeño― de la población activa.

3.- El fondo de reserva se agotará en 2018. La Seguridad Social destinará este año 119.000 millones de euros a pagar las pensiones de jubilación contributivas ―aquéllas que derivan de haber cotizado al menos durante quince años―. Esta cantidad supone un 85% de su presupuesto total y, a su vez, un crecimiento del 2,83% respecto al año anterior. Lejos de frenarse, esta tendencia se prolongará en el tiempo, debido a tres causas: esperanza de vida más larga; aumento del número de beneficiarios (a un ritmo del 1% anual, al que habrá que añadir la generación del baby-boom que comenzará a jubilarse a partir de 2020) y mayor cuantía de la pensión (entre 2011-2015, la pensión media ha superado en más de 6 puntos la variación del IPC).

Este dinero se paga con las cotizaciones que realizan los ciudadanos que hoy trabajan. Pero como no alcanza, el Estado ha de financiar la diferencia. Esa diferencia ha sido de 13.000 millones de euros en 2015 y, como ya hemos visto, seguirá creciendo en los años venideros, hasta que alcance valores inasumibles. El Fondo de Reserva apenas dispone de 32.485 euros al cierre de diciembre de 2015 ―la mitad que en 2011―, justo para atender los compromisos de tres meses. Se estima que se agotará en 2018, con lo cual el Estado se verá obligado a cubrir el déficit en su totalidad.

¿Cuánto dinero necesitaría ese Fondo de Reserva para atender las necesidades que va a tener la Seguridad Social en el futuro, sin echar mano de los ingresos que ahora recibe? Probablemente más de 1,5 billones de euros, una suma fantástica equivalente al PIB español de año y medio. Si al menos las cuentas del Estado estuvieran saneadas, se podría destinar parte del presupuesto. Pero no; los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos ― el déficit presupuestario cerró 2015 con un déficit del 4,5% sobre el PIB ― y no es posible endeudarse más, ya que la deuda pública está por las nubes.

Si a estos 119.000 millones de euros que cuestan sólo las pensiones contributivas, se añaden los 70.000 que cuesta la Sanidad Pública, la factura sería más o menos equivalente a la suma de todos los ingresos que recibe por vía tributaria, sin contar, claro está, las cotizaciones a la Seguridad Social que, en buen lógica, tendrían que guardarse para devolver a los afiliados el capital invertido cuando les llegue la hora de la jubilación. Su presupuesto se destinaría íntegramente a financiar estas dos partidas y no le quedaría dinero ni para pagar a sus funcionarios.

4.- La pensión de jubilación es un derecho, no una dádiva

A la largo de su vida laboral, el trabajador está obligado a abonar todos los meses a la Seguridad Social una parte de su salario bruto hasta alcanzar la edad de jubilación, con el fin de crear un fondo ―la caja única― que servirá para pagarle una pensión vitalicia cuando decida retirarse. Es pues un dinero suyo, que le pertenece, y que el Estado está obligado a devolver. Es una renta de capital de carácter inalienable que le pertenece y no una donación graciosa del Estado, como muchos todavía creen.

Y si el Estado se ha equivocado en los cálculos y ha prometido cosas imposibles de cumplir, es un problema suyo y tendrá que afrontar las consecuencias. Pero, si no dispone de recursos, ¿cómo va a hacerlo? Al final, nos dirán que el Estado somos todos y que entre todos tenemos que pagar la deuda. Pues que lo digan cuanto antes, para que lo bola no siga creciendo.

Pero no; el Gobierno no se da por enterado, sino todo lo contrario. Tanto el programa de ayudas a la contratación (Decreto-Ley 4/2013) y la tarifa plana para los autónomos (Decreto-Ley 31/2015, aprobada tres meses antes de las elecciones generales) han reducido los ingresos en más de 1.600 millones de euros, con lo cual el déficit de la Seguridad Social seguirá creciendo en los años venideros. ¿Qué derecho tiene un partido a dictar leyes que merman el patrimonio de un fondo que no le pertenece? ¿No tendrá alguna responsabilidad penal al hacerlo?

El modelo actual de pensiones es insostenible y quizá no tenga ya salida. A pesar de la gravedad del asunto, nadie parece estar preocupado. Y las pocas voces sensatas que se han alzado a denunciar el fiasco han sido acusadas de alarmistas y reaccionarias. Como le ha ocurrido al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, tras afirmar que “El sistema público no va a garantizar el nivel de las pensiones. No decirlo es ocultar la realidad a los españoles”. ¡Qué país Miquelarena!

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