En el uso cotidiano, la palabra «cultura» se emplea para dos conceptos diferentes, dice Wikipedia en un artículo bien organizado:

• Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta cultura.
• Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.

Por abuso de la lengua, la primera interpretación está más arraigada en el sentir popular. Y sin embargo, la segunda es más propia: un conjunto de formas de pensar, de actuar y de comunicarse que son comunes a la mayoría de las personas que forman parte de un colectivo, y que se manifiestan a través de los valores, las tradiciones y las creencias.

Así entendida la cultura, nadie pone en duda la responsabilidad que recae sobre el sector público de velar por su desarrollo, por su papel dinamizador en la creación de bienestar y, al mismo tiempo, por el potencial que posee para acelerar el crecimiento económico. En España, la industria cultural representa el 3,2% del PIB y da empleo a cerca de 500.000 trabajadores, amén de impulsar otras materias como la educación, el turismo, la industria manufacturera o la investigación.

En ese sentido, el Estado tendría la obligación de invertir en actividades con capacidad para generar riqueza, no para subvencionar la producción artística, sino para dotar la infraestructura cultural. Estoy tratando de defender el rol del Estado como responsable de proveer a la sociedad el fundamento que active la producción, no que sea él el creador ─léase promotor mediante ayuda directa─, ya que esa función debe corresponder a la iniciativa privada. O dicho de otro modo, que la Administración no se meta nunca a empresario.

Si se trata del acervo artístico, debe ser el gobierno quien financie su conservación y dejar a la industria que disfrute de los beneficios. España es el segundo país ─después de Italia─ que cuenta con más lugares y monumentos declarado Patrimonio dela Humanidad. Con ese bagaje, el presupuesto que haría falta para mejorar el rendimiento económico sería muy bajo en comparación con los resultados que cabría esperar.

Lo mismo ocurre con la lengua. La riqueza idiomática del castellano y el número de usuarios le otorgan una posición privilegiada que el Estado debe proteger y extender a través de actuaciones culturales que propaguen sus virtudes, con un coste poco elevado. Muchas empresas pueden beneficiarse de esta ventaja competitiva para mejorar su posición vía internacionalización.

Al final, sólo hace falta un poco de capacidad intelectual para discernir cuáles son las inversiones que, con menos dinero, producen rendimientos más altos. La cultura es una de ellas, otra es la educación y otra es la investigación y el desarrollo. Sobre estas tres disciplinas, nunca hay que meter la tijera, todo lo contrario. Claro que el resultado no es inmediato y si algo caracteriza a nuestros políticos es su poca visión a largo plazo.

Con los principios que hemos manejado en este artículo, no es difícil colegir cuál va a ser el criterio que vamos a defender sobre el modelo de financiación que el Estado debería de aplicar a la promoción de la cultura, en su concepción restringida al mundo de las Artes y las Letras. Será en el próximo.

El mundillo de la cultura anda un tanto revuelto, razones no le faltan. El plan de recortes que ha aprobado el Gobierno y la subida del IVA se han sumado a otros factores que ya venían inquietando desde el crash de 2008: la crisis económica que afecta al bolsillo del consumidor, la piratería, las dificultades de las empresas para asimilar las nuevas tecnologías y la competencia creciente de las multinacionales que han desembarcado en el país.

A partir del uno de septiembre, España dispondrá del IVA cultural más alto de la zona euro, con un incremento del 8 al 21% que gravará las entradas a los cines y espectáculos teatrales y culturales, el mismo que se aplicará al libro digital. Esta subida afecta también al material escolar, salvo los libros de texto, los álbumes, las partituras, los mapas y los cuadernos de dibujo, según la resolución del 2 de agosto que desarrolla el decreto-ley 20/2012 de 13 de julio sobre el nuevo IVA a determinados bienes y servicios.

Por ahora, se salva el libro en papel que conserva el tipo reducido del 4%, veremos si para siempre. La subida tampoco afecta a los servicios profesionales prestados por escritores, colaboradores literarios, autores de obras teatrales y artistas en general, incluidos aquellos cuya remuneración sea en forma de derechos de autor.

Tanto la prensa como los profesionales del sector han mostrado su preocupación ante una medida que les produce indignación. El mes pasado, el diario “El País” convocó a una treintena de representantes del cine, el teatro, la música y el arte para analizar la crisis, entre ellos, Pedro Almodóvar, Nuria Espert, Mario Gas, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Soledad Lorenzo, Anni B Sweet, Paco León y Miguel Abellán.

El grito a favor de una cultura que agoniza fue unánime, todos mostraron su temor ante lo que está ocurriendo y, aún peor, lo que asoma por la esquina ─en ese momento, no conocían el detalle de la subida del IVA que anunció el gobierno la semana pasada─. “La cultura no es lujo, es un bien de acceso público. Cortar en cultura produce ciudadanos poco pensantes. Para ser un ciudadano libre tienes derecho al pan y también a leer un buen libro, a ver una buena peli, a ir al teatro”, dijo el actor Juan Diego Botto,

Alguno ha llegado a decir que la cultura no debería tributar porque trabaja con material sensible, subir los impuestos a la cultura es promover la piratería y el mercado negro. Jorge Herralde, editor de Anagrama, se lamenta de que apenas se venden libros. La gente no entra en las librerías y las instituciones han congelado las compras de las bibliotecas públicas, que era lo que ayudaba a muchos negocios a pagar el alquiler. Muchas librerías están en peligro.

Muchas librerías… y otras muchas cosas más. ¿Cuántos comercios han tenido que cerrar en España a consecuencia de la  crisis? Aquí parece que cada uno sólo quiere defender su parcela, le preocupa muy poco la miseria que padecen los estratos más débiles de la sociedad, que apenas tiene recursos para comprar el pan. Entre pan y cultura, primero, el pan, luego ya veremos. En este país, estamos muy acostumbrados a que, cuando algo va mal, venga Papá-Estado a solucionarlo, sin preguntar antes cuál es la responsabilidad de cada cual.

Otra cuestión es si la medida adoptada por el Gobierno va a ser positiva para las arcas del Estado. Es posible que la recaudación adicional que consiga con el IVA sea inferior al coste total que le va a suponer el descenso de las contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto de sociedades y el IRPF, añadido al incremento de las prestaciones por desempleo, con una destrucción de más de cuatro mil empleos sólo en el sector de Música en vivo, Artes Escénicas y Cine. Claro que este mismo argumento sirve para rechazar los recortes en el resto de actividades económicas.

A la vista de tales declaraciones, a mí me surge una pregunta: ¿Cuando toda esta gente se queja ─la mayoría, bien acomodada ─, se está mirando al ombligo o lo hace por convicción? Yo tengo mis dudas; no creo que protesten por solidaridad, ni que les preocupe demasiado qué van a hacer los artistas noveles, lo que les preocupa es su futuro ─al menos, a la mayoría─, que el Estado siga llenando sus hermosas barrigas.

Al final de todo, uno se empieza a cuestionar dos cosas: primero, qué es la cultura y segundo, qué aspectos de esa cultura tendrían que ser subvencionados, tanto en la fiscalidad, como en su financiación. Aunque la pregunta no es sencilla, me atreveré a dar una opinión en el próximo artículo, en plena Semana Grande.