Admitamos que la cultura, en su concepción restringida al mundo de las Artes y las Letras, es un bien público y, si bien no es una necesidad básica como la bolsa de la compra, sí lo es para la formación de valores cívicos que protegen la convivencia. Y si es un bien público, es un mercado imperfecto en el que la creación no patrocinada difícilmente alcanzaría la cantidad óptima que reclama la sociedad, con lo cual estaríamos justificando la intervención del Estado.

El problema que se plantea a continuación es hasta dónde tiene que llegar esa implicación. Si el Estado tiene la misión de distribuir la riqueza a través de una política fiscal justa, en este campo, el resultado está pervertido, ya que la política cultural se financia con los impuestos de todos los ciudadanos y se invierte en ofrecer un servicio a los segmentos más acomodados de la población, que son los que consumen este tipo de productos. No creo yo que sean muchos los pobres que compren libros, que vayan al teatro o que visiten un museo…

Por otro lado, si es el artista recibe un salario del Estado ─o buena parte de su remuneración─ estará inclinado a protegerlo, a adularlo, a no contrariarlo, lo que llega a producir una fauna de creadores subvencionados cuyo talento es inversamente proporcional al de los favores que recibe. Son ellos, los privilegiados del sistema, los que ahora ponen el grito en el cielo ─les recomiendo que lean este artículo titulado “Un grito #por la cultura”─, para que papá-Estado los siga protegiendo, como si eso fuera un derecho natural.

Porque la injerencia del Estado en la producción cultural conduce al proteccionismo. Cuando la libre competencia no funciona con normalidad, los creadores noveles tienen grandes dificultades para hacerse un hueco, el mercado es de los consagrados. Los artistas no son tontos, saben que la tarta tiene un tamaño y hacen lo imposible para impedir que los nuevos participen en el reparto. No quiero entrar aquí a indagar los privilegios que seguramente tienen esos grupos de “divinos” que se han organizado en corporaciones cerradas para la defensa de sus intereses… y no quiero entrar porque no los conozco, sólo los imagino en un país como éste. Pero a uno le llega todavía el recuerdo de lo que ocurrió con la SGAE…

El patrocinio del Estado es también un medio de propaganda: el que paga, manda. La política cultural tiende a convertir a los artistas en servidores de la clase política, a favorecer el patriotismo, a alimentar un cierto modelo de nacionalismo que intenta proteger la producción de sus adeptos, en detrimento de la libertad del creador. Ésta es una tendencia que se observa con nitidez en el campo de la educación. Los programas escolares están sitiados por el pensamiento único, poniendo en cuestión el futuro del individuo frente al Estado-Nación. Ya veis lo que al final ha pasado con la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”.

La cultura es un patrimonio del hombre individual. El objetivo de la educación tendría que ser la promoción de esa autonomía individual, una formación liberal al servicio de las artes y las letras. Éste debería ser el meollo de la política cultural de un país, subvenir la formación de artistas, la promoción de actividades que hagan surgir el máximo número de creadores, asegurar esa infraestructura que lo permita, en lugar de financiar realizaciones concretas ─salvo excepciones, claro─ y favorecer a los capitalistas que arriesgan su dinero. Ellos están para ganarlo, y también para perderlo, si lo hacen mal.

La libertad de expresión es la que de verdad genera las obras de arte ─también salvo excepciones, claro─, la que abre la puerta a nuevas tendencias, la que da rienda suelta al talento, a la espontaneidad, al advenimiento del genio, y también, probablemente, la irrupción de los mecenas privados ávidos de financiar la infinita variedad de gustos personales que jamás el Estado sería capaz de descubrir, menos de satisfacer.

En el uso cotidiano, la palabra «cultura» se emplea para dos conceptos diferentes, dice Wikipedia en un artículo bien organizado:

• Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta cultura.
• Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.

Por abuso de la lengua, la primera interpretación está más arraigada en el sentir popular. Y sin embargo, la segunda es más propia: un conjunto de formas de pensar, de actuar y de comunicarse que son comunes a la mayoría de las personas que forman parte de un colectivo, y que se manifiestan a través de los valores, las tradiciones y las creencias.

Así entendida la cultura, nadie pone en duda la responsabilidad que recae sobre el sector público de velar por su desarrollo, por su papel dinamizador en la creación de bienestar y, al mismo tiempo, por el potencial que posee para acelerar el crecimiento económico. En España, la industria cultural representa el 3,2% del PIB y da empleo a cerca de 500.000 trabajadores, amén de impulsar otras materias como la educación, el turismo, la industria manufacturera o la investigación.

En ese sentido, el Estado tendría la obligación de invertir en actividades con capacidad para generar riqueza, no para subvencionar la producción artística, sino para dotar la infraestructura cultural. Estoy tratando de defender el rol del Estado como responsable de proveer a la sociedad el fundamento que active la producción, no que sea él el creador ─léase promotor mediante ayuda directa─, ya que esa función debe corresponder a la iniciativa privada. O dicho de otro modo, que la Administración no se meta nunca a empresario.

Si se trata del acervo artístico, debe ser el gobierno quien financie su conservación y dejar a la industria que disfrute de los beneficios. España es el segundo país ─después de Italia─ que cuenta con más lugares y monumentos declarado Patrimonio dela Humanidad. Con ese bagaje, el presupuesto que haría falta para mejorar el rendimiento económico sería muy bajo en comparación con los resultados que cabría esperar.

Lo mismo ocurre con la lengua. La riqueza idiomática del castellano y el número de usuarios le otorgan una posición privilegiada que el Estado debe proteger y extender a través de actuaciones culturales que propaguen sus virtudes, con un coste poco elevado. Muchas empresas pueden beneficiarse de esta ventaja competitiva para mejorar su posición vía internacionalización.

Al final, sólo hace falta un poco de capacidad intelectual para discernir cuáles son las inversiones que, con menos dinero, producen rendimientos más altos. La cultura es una de ellas, otra es la educación y otra es la investigación y el desarrollo. Sobre estas tres disciplinas, nunca hay que meter la tijera, todo lo contrario. Claro que el resultado no es inmediato y si algo caracteriza a nuestros políticos es su poca visión a largo plazo.

Con los principios que hemos manejado en este artículo, no es difícil colegir cuál va a ser el criterio que vamos a defender sobre el modelo de financiación que el Estado debería de aplicar a la promoción de la cultura, en su concepción restringida al mundo de las Artes y las Letras. Será en el próximo.