El Gobierno del PSOE ha renunciado a desarrollar la llamada “Ley Sinde” que pretende regular en España la propiedad intelectual mediante el cierre de páginas web que vulneren los derechos de autor en los sectores de música, películas, videojuegos y libros, en los cuales la piratería ha alcanzado tasas tan exorbitantes que han encendido todas las alarmas.

Tras varios intentos fallidos a lo largo de 2010, la ley fue finalmente aprobada por el Gobierno en enero de 2011, con el acuerdo del PP y de CiU ─tras incluir una enmienda al texto original que reforzaba el papel de los jueces─ y ratificada en el mes de febrero del mismo año, primero por el Senado y finalmente por el Congreso, entrando en vigor el 6 de marzo con su publicación en el BOE, a falta tan sólo de la redacción de un reglamento para definir la composición de la Comisión encargada de recibir las quejas y solicitar al Juzgado el cierre de las páginas web bajo sospecha.

Pero el tal reglamento se ha hecho esperar. Tras recibir en noviembre el dictamen favorable del Consejo de Estado, el 2 de diciembre se celebró el penúltimo Consejo de Ministros del presente Gobierno y, aunque se anunció que la aprobación del reglamento estaba incluida en el orden del día, no hubo acuerdo. Varios ministros alegaron la inconveniencia de desarrollar una norma tan impopular en los estertores de su mandato, tras el varapalo recibido por el PSOE en las últimas elecciones del 20-N, además de plantear objeciones técnicas y filosóficas a su contenido.

El nuevo Gobierno del PP hereda esta patata caliente, cuyo proyecto encierra enormes dificultades legislativas, provoca un fuerte rechazo social y es esperado como agua de mayo por los empresarios del sector que, al borde del colapso, han visto caer sus ventas de forma continuada durante los últimos años. Así las cosas, es poco probable que el reglamento se apruebe antes de la primavera que viene. Asuntos bastante más importantes aguardan la llegada del nuevo ejecutivo. Que el oráculo ilumine sus mentes…

Por otro lado, me sorprende que no haya trascendido el texto del reglamento. Algunos aspectos de la norma ya fueron cuestionados por el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), como el procedimiento establecido para cerrar páginas de enlaces a material sujeto a derechos de autor. La doctrina que defiende el alto tribunal es que se puede perseguir judicialmente a quienes causan daño patrimonial a terceros, sólo cuando actúan con ánimo de lucro. Advierte además que los enlazadores no estarían vulnerando derechos de propiedad intelectual cuando reproducen, comunican o dan acceso a un sitio que permite la descarga gratuita de contenidos. Con esto, el CGPJ está diciendo claramente que no se puede perseguir a los propietarios de páginas web que sólo ofrecen enlaces, aunque es cierto que su informe es preceptivo pero no vinculante. Veremos lo que pasa.

La verdad es que el asunto es bastante grave. En el post del 27.11.11, veíamos que la tasa de piratería en el mercado del libro está casi en el 50% y con tendencia creciente. La irrupción de nuevos dispositivos de lectura a precios asequibles (en torno a los cien euros), no va a mejorar la situación, sino todo lo contrario. Si el precio de los e-books no se reduce por debajo de los 3 €, la mayoría de los usuarios dispondrán de un dispositivo de lectura y seguirán buscando la descarga gratuita en Internet. No sólo caerán las editoriales, las librerías, las empresas de distribución, sino que desaparecerán los buenos escritores, aquellos autores comprometidos con la verdadera democracia, capaces de enfrentarse con su palabra al Estado megalómano para, con sus relatos mágicos (como por ejemplo), mantener vivos los valores de justicia y libertad, hoy tan desprestigiados entre la clase dirigente. Quizá sea la literatura la única que nos pueda salvar de esa ola totalitaria que se otea en el horizonte, porque de pensadores e intelectuales poco cabe esperar.