El término “procomún” ha vuelto a adquirir notoriedad con la controversia que se ha montado sobre los derechos de autor que defienden unos y la gratuidad de contenidos en Internet que reclaman otros. El concepto está íntimamente ligado al de dominio público, que es la forma jurídica que pueden adquirir algunos de los elementos pertenecientes al procomún.

El diccionario de la Real Academia Española dice que procomún proviene de pro, provecho, y común y le da el significado de “utilidad pública”, con lo cual estamos suponiendo que se refiere a cualquier bien que pertenece a la comunidad para disfrute de todos, como el aire, el agua, el monte… Más o menos, es lo mismo que dice Wikipedia: “Se denomina bien comunal o procomún a un determinado ordenamiento institucional en el cual la propiedad está atribuida a un conjunto de personas en razón del lugar donde habitan y que tienen un régimen colectivo de enajenación y explotación, de forma que ninguna persona individual tenga el control exclusivo para su uso”.

La palabra procomún existe en castellano desde hace siglos: ya figuraba en la gramática de Nebrija de 1492. En el País Vasco, existen numerosos ejemplos de recursos compartidos cuyo beneficio, posesión o derechos de explotación pertenecían a la comunidad:

• Las tierras comunales eran muy numerosas y servían a muchos pobres para no pasar hambre, siendo la castaña el principal elemento de subsistencia durante siglos.
• El “auzolan”, el “trabajo vecinal”, por el cual los vecinos se ayudaban a la hora de labrar la tierra, para arreglar un caserío o creaban caleros comunales en los barrios, ha estado fuertemente arraigado en la idiosincrasia vasca hasta fechas muy recientes.
• Los pastizales comunes han abundado en toda la geografía vascongada. Eran territorios en los que podían pastar los ganados de las zonas vecinas a cambio de un impuesto simbólico, como el “tributo de las tres vacas” que todavía hoy se mantiene entre los valles del Roncal y Baretous.

Pues ahora, la norteamericana Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía 2009, ha recuperado el término procomún para otro tipo de bienes: el conocimiento científico, el software y las obras culturales. Su doctrina cuestiona la propiedad intelectual y predica que películas, festivales, elepés, discos, CD’s, obras de arte, libros, bibliotecas y un sinfín de cosas más son de todos y no son de nadie.

Si un ciudadano es capaz de dar existencia a una obra nueva es porque antes ha recibido una educación esmerada que la sociedad le ha proporcionado de forma gratuita, ha tenido que leer un montón de libros, participar en seminarios, visitar exposiciones y compartir conocimiento. Su invento no es todo suyo, tan sólo una parte. El artista se ha beneficiado de una infraestructura cultural que le ha permitido alumbrar su parto. Por eso ─dice Ostrom─, es absurdo que la sociedad le reconozca la propiedad de la obra que ha creado (propiedad que se va a preservar para sus herederos hasta setenta años después de su muerte). Su obligación es revertirla a la sociedad, devolverla para uso gratuito del público. Es lo que sus defensores denominan “retorno social”.

El mundo del libro no escapa a esta polémica. Leía el otro día que Lucia Echeverria anunciaba oficialmente que no iba a volver a publicar libros en una temporada muy larga. Al parecer, estaba indignada porque se habían descargado más copias ilegales de su novela “El contenido del silencio” que las que se habían comprado legalmente. También se quejaba de lo poco que gana con cada libro vendido en papel por el canal tradicional.

Y eso es porque la propiedad intelectual protege a la industria editorial por encima de los intereses del autor. ¿No habrá llegado el momento de cambiar el paradigma y replantear el modelo empresarial? Si te paseas por la web, descubrirás que los cibernautas están en contra del viejo modelo de industria cultural que ha funcionado hasta la fecha. No todos defienden la gratuidad total de contenidos, pero sí que están a favor de crear espacios abiertos donde compartir ideas y generar proyectos nuevos. ¿No hay aquí una oportunidad para el escritor diletante?

La propiedad intelectual (PI) es el conjunto de derechos que corresponden a los autores por las obras que han creado. El concepto reúne diferentes regímenes jurídicos no equiparables entre sí: las denominaciones de origen, las marcas, los derechos de autor y las patentes de invención. Este artículo versará sobre el último apartado, por el efecto perverso que su aplicación ocasiona a la sociedad, si la propiedad intelectual se equipara ─y todo parece indicarlo así─ a la propiedad de bienes tangibles y se apodera del espacio que corresponde al dominio público.

El dominio público (DP), también llamado “procomún”, es un estado jurídico que permite el libre acceso a las creaciones intelectuales, tanto obras sujetas a derechos de autor como invenciones para su aplicación en la industria.

El conflicto entre DP y PI viene de lejos. En un tiempo pasado, ese lugar común forjado por la acumulación de conocimiento colectivo era abierto, tan sólo limitado por restricciones de tipo simbólico. En la Edad Media, los señores concedían privilegios a los pioneros sobre los ingenios que producían, a condición de que lo hicieran público y su conocimiento sirviera para que otros aprendieran. Con el Renacimiento, la regulación se tornó mercantil y tanto la producción de bienes culturales como los inventos pasaron a pertenecer a los que la compraban mediante algún tipo de contraprestación económica.

La revolución industrial provocó el advenimiento de reglamentaciones que restringían el concepto de bien comunal como objeto de acceso universal. Así nació hace doscientos años el modelo de PI ─asociado al de propiedad industrial─ que rige en la actualidad, un sistema jurídico para administrar el saber, basado en la idea de convertir el conocimiento en mercancía transaccional, concediendo a su propietario el derecho a su explotación comercial. Read the rest of this entry »

Internet se ha convertido en el principal motor de la economía mundial, un tercio de los habitantes de este planeta lo utilizan habitualmente y las ventas a través de la red siguen creciendo de forma exponencial. Desde la invención de la imprenta primero y del teléfono más tarde, ningún descubrimiento ha contribuido tanto a incrementar las relaciones entre personas y a mejorar el bienestar del ser humano… eso dicen.

La pregunta que surge a continuación es: ¿y de quién es Internet? En principio, la respuesta es sencilla: es de todos y no es de nadie. Es un procomún del que se benefician los internautas, aparentemente sin pagar un céntimo, sólo el coste de la conexión para financiar las inversiones multimillonarias que han realizado las compañías privadas para poner la web al servicio del usuario. Con ese acceso y el registro de un dominio en la ICANN, una organización sin fines de lucro que se dedica a preservar la estabilidad de la red por medio de procesos basados en el consenso, basta para empezar a navegar. Todo muy sencillito, nadie cuestiona el principio de neutralidad de la ICANN ─sujeta a las leyes del estado de California, donde está su sede─, nadie se da cuenta que detrás están los intereses de las grandes compañías de telecomunicación… y los gobiernos.

Porque, a partir de ahí, son los gobiernos los que controlan la información que circula por la red, muchos de los cuales hacen caso omiso de la libertad de expresión que proporciona Internet para poner filtros y censurar contenidos. Son países en los que la libertad está restringida, todos sabemos cuáles son.

Lo que nadie podía suponer es que, en un país que se considera adalid en la defensa de las libertades individuales y de los derechos humanos como EE.UU, se hayan producido episodios de espionaje masivo perpetrados por la Agencia de Seguridad Nacional ─NSA─, un organismo dependiente de la Casa Blanca, usando la información que sobre nosotros poseen los gigantes de Internet ─durante el segundo semestre de 2012, Facebook recibió peticiones de información sobre 18.000 cuentas y Microsoft, sobre 31.000─, que se han prestado de forma más o menos voluntaria a colaborar con el gobierno de su país… ¿a cambio de qué?

La semana pasada hemos conocido la extraña aventura de un joven estadounidense llamado Snowden, técnico de la NSA, que ha tenido que escaparse de su país y esconderse en lugar seguro para evitar su detención, tras haber desvelado los programas secretos empleados por la Agencia para espiar a los ciudadanos, una práctica que se viene realizando habitualmente, desde que se produjo el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001.

Las autoridades han defendido el procedimiento para evitar males mayores. En una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el general Keith Alexander, director de la NSA, sugirió ─¿sólo sugirió?─ que los programas de vigilancia con los que el Gobierno de EEUU recopila registros de llamadas y datos de Internet evitaron más de 50 ataques terroristas en 20 países, tras los atentados del 11-S. Hasta el propio presidente Obama ha aprobado su actuación alegando que, en el mundo actual, “no se puede tener el 100% de privacidad y el 100% de seguridad”.

Lo que más preocupa de esta noticia es la pasividad que la sociedad norteamericana ha demostrado ante este flagrante atentado a la libertad del individuo, un sentimiento íntimamente arraigado en su escala de valores. ¿Recuerdan ustedes la reacción del pueblo ante el escándalo del Watergate y cómo reaccionó el país asqueado de la guerra de Vietnam y de los chanchullos que cometían los políticos que lo dirigían? Claro que eso ocurrió en 1972…

Muchas cosas han pasado desde entonces. Poco a poco se ha ido imponiendo el liberalismo económico, un modelo que se está llevando por delante los enormes avances sociales conseguidos en Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Un capitalismo salvaje ha surgido en la última década para hacerse dueños de los fondos de pensiones, de la educación y de la sanidad pública, extendiendo la privatización a todos los ámbitos de la actividad económica, mientras la humanidad asiste impasible al espectáculo, adormecida por las promesas de una vida plácida, sin preocupaciones, a cambio del silencio, de la no acción, del conformismo.

Una nueva capa de jóvenes poco preparados, faltos de cultura, sin ambición, ha emergido en los últimos tiempos para engrosar ese estrato social de la parte de abajo, como si una mano oculta lo propiciara para, poco a poco, desinflar la clase media y retornar a una sociedad medieval, en la que una élite domina, manda y dispone, mientras una plebe inculta y obediente acepta su destino de siervo, a cambio de un plato de garbanzos, impotente para abandonar el estamento que le ha correspondido en suerte.

¡Cuántas cosas han sucedido a partir del 11-S! Aquel suceso fue el pistoletazo de salida para justificar una serie de actuaciones, muchas de ellas ilegales, que las naciones han consentido en aras de la seguridad, un término sagrado que conduce al abuso en poder de funcionarios sin escrúpulos. El conflicto entre interés público y espacio privado no es nuevo, pero tampoco lo es el número de atropellos que se han cometido en nombre del bien común, los documentos de Snowden lo confirman. Atención al “Gran Hermano”.

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Se impone una reflexión en el mundo del libro 

Por un periodismo responsable

Hasta hace bien poco, en España, ha sido el Estado el que se ha encargado de financiar la cultura, con sus lógicas consecuencias de partidismo, dependencia ideológica y, finalmente, mediocridad. Ahora, como la Administración tiene cada vez menos dinero, se aplica en discurrir otro modelo que tienda a favorecer la participación de la sociedad en la creación artística, a través de una nueva ley de mecenazgo ─lo siento, me gusta más patrocinio; dejemos crowfunding para los sajones─ que, según el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, será aprobada como muy tarde en otoño, para entrar en vigor el 1 de enero de 2013.

Esto es una buena noticia. Mira por donde, la crisis nos va a permitir poner un marcha una nueva receta para que mucha más gente tenga acceso a la actividad creativa, para llevar la democracia a la cultura, para que sea un bien de todos, la envolvente de conceptos tan anhelados como la libertad, el procomún y la globalidad. Grandes calamidades han precedido siempre a etapas de esplendor. Ahora también.

Al parecer, la ley no pretende privatizar la cultura, sino instaurar un régimen mixto, de forma que la iniciativa ciudadana complemente la labor de la Administración, fórmula al gusto de casi todos, que se viene reclamando desde hace tiempo. Nadie quiere un liberalismo a ultranza, pero tampoco es bueno que la cultura esté en manos de los políticos y de sus turbios intereses. Como siempre, la solución está en el medio, aunque su implantación será lenta, los viejos hábitos no desaparecen fácilmente.

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al patrocinio, actualmente en vigor, permite a los particulares deducir un 25% del importe de la donación, de la cuota íntegra del IRPF, mientras que la empresa puede llegar a deducir hasta un 35% de dicho importe, de la cuota del impuesto de sociedades. Se dice que el ministro quiere subir la desgravación hasta el 60 o 70%, como ocurre en Europa, pero, al parecer, tropieza con el criterio de su colega de Hacienda.

A primera vista, el proyecto tiene visos de ir por el buen camino, ni todo privado ni todo público. El objetivo no es llegar al 100%, sino que la sociedad adquiera esa sensibilidad que le falta y comprenda el interés que para todos tiene apadrinar el talento. La futura ley no sólo se dirige a las corporaciones y las grandes fortunas, sino que también busca la complicidad de la población, que las personas físicas aporten su óbolo y tengan derecho a la misma exención fiscal.

Leía el otro día en “El País” un artículo de Ania Elorza en el que presentaba dos casos de «micropatrocinio» que bien pueden servir de orientación a artistas diletantes que quieran dar vida a su primera obra:

Nicolás Ocio, jardinero de profesión, quería realizar un cortometraje algo distinto, en blanco y negro, sin diálogos, con la cámara al ras del suelo. Una familia de Vitoria le regaló 15.000 libros que ocupaban espacio. Él se los llevó y aprovechó el día del libro para venderlos a peso. Con el producto de la venta vio realizado su sueño: el video en el que actuaron treinta personas, fue filmado en seis días. Y además, con presencia en los medios por la originalidad del procedimiento. Eso se llama ingenio, adquirir notoriedad y… gratis.

Sara Iñiguez, intérprete de Rubia, no encontraba manera de financiar la edición de su primer disco, necesitaban 4.000 euros. La solución vino a través de la plataforma de mecenas Verkami: 200 personas pusieron dinero de su bolsillo, en 40 días cubrieron la suscripción, el disco ya está en el mercado. El regalo de Rubia fue ofrecer a sus mentores ir de cañas con todo el equipo. “Hubo gente que no nos conocía de nada, alguno puso hasta 300 euros. Ahora algunos se han convertido en amigos”.