La crisis económica ha creado enormes problemas a muchos ámbitos de la sociedad. Uno de los más perjudicados ha sido el mundo de la cultura, con los recortes que ha introducido la Administración para reducir el déficit, lo que le ha obligado a buscar nuevas fuentes de financiación… y a reducir su catálogo de actividades. El problema es que también los fondos privados andan escasos de recursos, con lo cual dos de las vías que contribuyen a su sostén hacen agua. La tercera es la autofinanciación, pero la subida del IVA y el descenso de los ingresos de las familias tiran también en la misma dirección. El panorama es preocupante.
No olvidemos que el Gobierno tiene la obligación de conservar el patrimonio artístico nacional, lo dice el artículo 46 de la Constitución, pero nadie le impide clausurar teatros y auditorios o retirar las subvenciones a las industrias del cine o a las empresas editoriales. Y parece claro que las directrices que se han marcado van por aplicar recortes a todas las partidas del presupuesto, sin hacer distinciones, así que no sería extraño ver a corto plazo cómo se cierran los museos, como se clausuran los teatros y cómo emigran los cineastas.
Al parecer, los dirigentes de este “paisito” confían en el mecenazgo, como una alternativa real a la financiación pública de la cultura, sin darse cuenta de que eso no es posible, sin modificar el estatuto jurídico de muchas entidades, que tendrían que convertirse en fundaciones para percibir donaciones con derecho a deducción fiscal para el sponsor, porque sin ella el sector privado no va a mostrar interés en ese tipo de inversiones cuyo retorno no provoca un gran entusiasmo, salvo el valor intrínseco que produce la filantropía.
Aun así el gobierno ha renunciado a aprobar a corto plazo una nueva ley de mecenazgo ─y es muy posible que no lo haga en esta legislatura─, a la espera de un equilibrio presupuestario, que no se alcanzará en unos cuantos años. Es preocupante constatar que el debate sobre la nueva ley se haya iniciado a raíz de este retraso y que sólo se invoquen razones económicas. Da la impresión de que la Administración pretende desatender su responsabilidad de financiar la cultura y trasladarla a la iniciativa privada, lo que provocará la creación de obras “dirigidas”, al gusto de quien las patrocina, en detrimento de las producciones “incómodas” que reprueban los abusos del poderoso.
Sólo Navarra se ha atrevido a avanzar por ese camino. A mediados de julio, su gobierno aprobó un anteproyecto de Ley Foral de mecenazgo cultural, que contempla desgravaciones que pueden llegar hasta el 50% de la cuantía subvencionada, con la particularidad de que se amplía el tipo de beneficiarios, ya que da cabida a cualquier empresa, institución, administración pública o particular, con la sola condición de que los proyectos sean declarados de “interés social”. El anteproyecto está abierto a un proceso de participación ciudadana hasta el próximo 15 de septiembre.
Volviendo a la ley nacional del mecenazgo, parece que el borrador está bastante avanzado, pero no cuenta con el favor del ministerio de Hacienda, ya que plantea un incremento importante de las deducciones del 25% (para empresas) y 35% (para personas físicas) hasta el 60-70% respectivamente, un porcentaje similar al que se aplica en Francia y Reino Unido. Además amplia la categoría de los receptores que ahora han de ser entidades sin ánimo de lucro y luego podrán serlo también las empresas y los autónomos, así como las temáticas de los proyectos, lo que supondría una merma importante en los ingresos del Estado.
Se comenta que la nueva ley podría incluir una modalidad de microdonaciones de hasta 150 euros con un 100% de deducción para el donante, una fórmula que podría ser de sumo interés para los escritores diletantes, sobre todo si el Estado alentase la sensibilidad ciudadana sobre la importancia que tiene la literatura en la formación de una sociedad culta e independiente.
Publicar una novela de 250 páginas puede costar unos 4.000 euros (2.500 por imprimir 1000 ejemplares, 300 por la portada, 1.200 por la corrección del texto y el maquetado por tu cuenta). Se trataría de encontrar 27 personas dispuestas a adelantar ese importe de 150 euros para cubrir el gasto inicial, a cambio de alguna compensación, quizá la sola inclusión del nombre del donante en una de las solapas del libro. ¿Sería tan difícil de convencer a la gente para tan noble menester, sabiendo que luego iba a desgravar la cantidad anticipada en su declaración de la renta? No me extraña que la nueva ley se retrase, quizá sine díe, sería demasiado avanzada.
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