La gran mayoría de los concursos literarios que se convocan en España sólo aceptan obras inéditas libres de compromisos ─el Premio Cervantes es una de las excepciones─, requisito mucho menos frecuente en la Unión Europea. Conforme te vas adentrando en los entresijos de cómo funciona la industria editorial de este país, vas comprendiendo la razón que se esconde tras esta exigencia aparentemente inocua y terminas por preguntare si los premios literarios se han creado para promocionar la cultura o simplemente para mejorar la cuenta de resultados de las entidades que los instituyen.

Muchos de estos certámenes están organizados por grupos editoriales que tienen intereses económicos, son empresas que tienen la obligación de ganar dinero ─objetivo legítimo que nadie discute─ para remunerar a sus accionistas. Hasta ahí, nada que oponer. Las dudas asoman cuando analizas las condiciones que te piden para participar en ellos. Me he permitido leer las bases que regulan cuatro de los concursos literarios más afamados en lengua castellana (Nadal, Alfaguara, Tusquets y el Herralde de Anagrama) y todos ellos incluyen cláusulas de este tipo:

• Novelas originales e inéditas que no hayan sido premiadas con anterioridad.
• El ganador está obligado a suscribir un contrato con cesión “ad eternum” de todos los derechos de explotación de la obra premiada, absolutamente todos, a favor de la editorial.
• La remuneración que el autor recibe por ello es, como mucho, el 10% ─que luego se puede reducir hasta la mitad en algunas modalidades o en caso de subrogación de derechos─ sobre el precio de venta al público, sin contar el IVA.
• Este porcentaje llega hasta el 25% si la venta es en formato electrónico, y sobre los ingresos netos obtenidos por el editor.
• Y lo que es más sangrante ─a mi modesto entender─ es que la editorial se reserva esos mismos derechos para cualquiera de las obras presentadas, aunque no  hayan sido galardonadas, ni siquiera mencionadas con un accésit.

Son contratos leoninos que el ganador tendrá que firmar ─muy contento, seguramente─ sin darse cuenta de que es un regalo envenenado, ya que está cediendo una exclusiva ─sin opción al pataleo─ que seguramente va a producir unos jugosos dividendos, de los que el autor sólo va a recibir unas migajas. Y esto lo podría entender si el premio que se otorga es significativo, como los 600.000 euros del Planeta. Pero no, son valores menores, entre 18 y 20.000 € (salvo el Alfaguara con 170.000 US$), con la particularidad de que la cantidad percibida es a modo de anticipo; el autor empieza a cobrar el porcentaje sólo cuando haya amortizado el importe del premio.

Por eso, uno se hace la pregunta: ¿la convocatoria de un concurso literario responde a una vocación cultural o a un interés económico para obtener ingresos sin arriesgar demasiado? Porque los gastos de gestión no son importantes y tampoco hace falta invertir mucho en publicidad. De eso ya se encargarán los medios, deseosos de disponer de noticias para llenar sus espacios. El mundo literario tiene glamour.

El mayor “dispendio” sería remunerar a los miembros del jurado, aunque seguramente una buena criba habrá sido hecha antes por “mileuristas”, con el fin de recortar el trabajo de los “sabios”. Y eso con las reservas que algunos apuntan sobre la honestidad que debería presidir el debate para conceder el galardón al más apto. ¿Será verdad eso de que la mayoría de los grandes premios se pactan previamente antes de leer ─incluso de recibir─ los manuscritos que se han presentado? Una autoridad como Manuel Rodríguez Rivero dijo en El País: “Con escasas (y notables) excepciones, el premio literario honrado es el que todavía no ha sido concedido”.

En Francia, muchos premios se conceden solamente a obras ya publicadas, lo que “a priori” parece más razonable. El Goncourt es el máximo galardón literario de entre los casi 1500 que se convocan anualmente en el país vecino. La decisión la toma un jurado sobre el conjunto de las novelas publicadas durante el año en curso, es decir, no entre obras inéditas, sino ya en circulación. La cuantía del premio es simbólica ─10 euros─ si bien el ganador tiene asegurado un éxito de ventas.

Pero no todo son elogios. Muchas críticas han sido hechas a los miembros del jurado ─que no rotan, son cargos vitalicios hasta cumplir los 80 años─, acusados de dejarse influenciar por los grandes sellos, aun tras prometer no tener relación profesional con ellos ni recibir remuneración alguna. No en vano, se estima en más de tres millones de euros el beneficio que produce la obra premiada en las ocho semanas que siguen al fallo.

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Si has tenido la suerte de encontrar un editor que se anime a publicar tu libro por su cuenta y riesgo, lo normal es que te proponga un contrato de edición para obtener todos los derechos presentes y futuros sobre la obra. Está en su derecho, él pone el dinero, él marca las pautas. No hay que olvidar que de cien proyectos que le llegan quizá sólo diez salen adelante y, de esos diez, uno genera beneficios, cuatro cubren gastos y cinco producen pérdidas, así que no te extrañe que quiera resarcirse para que, al menos, ese uno que tiene éxito le dé satisfacciones y le permita conseguir un rendimiento.

Aun así, tú como autor tienes también tus derechos y has de tratar de defender tus intereses. Discute lo máximo que puedas y firma el contrato escrito (las sugerencias que propone escritores.org te pueden ayudar), las palabras se las lleva el viento. No hace falta que consultes a un abogado para ello ─si eres miembro de alguna asociación de escritores, su consejo te puede ser útil─, ya que la tramoya jurídica no es complicada, sólo hace falta un poco de sentido común y algunas indicaciones sobre los aspectos más relevantes que tendrás que tener en cuenta a la hora de discutirlo:

• Vas a ceder los derechos de publicación, distribución y venta de tu libro a cambio de una prestación económica. ¿Estás de acuerdo en hacerlo con carácter de exclusiva? Si lo haces, habrás concedido autorización para que el editor haga lo que quiera con él, incluso vender sus derechos a otra editorial. No digo que eso esté mal, pero asegúrate de que el porcentaje que te  corresponde por cada libro vendido sea respetado.
• Podrías limitar el ámbito a una lengua o a una zona geográfica (por ejemplo, el español y los países de habla hispánica), con lo cual, si se vende bien, tú podrás negociar otros contratos con otras editoriales para otros mercados (en inglés, para EE.UU).
• Una fórmula provechosa es ceder tus derechos sobre el libro impreso y conservar los del libro digital (o dejarlo abierto). De esta forma, lo puedes situar tú directamente en cualquiera de los portales de venta electrónica de libros. Piensa que muchas editoriales no tienen experiencia en este tipo de mercados y quizá no se opongan a esta cláusula.
• El porcentaje habitual que se suele cobrar por derechos de autor es en torno al diez por  ciento sobre el precio de venta al público. Intenta defenderlo, pero te costará mejorarlo. Si estás consagrado, pide un anticipo, igual cuela. Recuerda que los ingresos obtenidos se incrementarán cada año a tu base imponible en tu declaración de la renta.
• Otro asunto importante es la duración del contrato. El editor te propondrá duración indefinida, tú trata de reducir el plazo, si fuera posible, un año. Así transcurrido ese periodo, recuperas tu libertad para negociar con quien  quieras.
• Conviene que  se establezca el número de ejemplares que el editor va a publicar en la  primera edición y pactar las condiciones para el caso de que haya una segunda, así como la modalidad, el formato y la colección a la que se incorpora, sin dejar de señalar los plazos de entrega a que se compromete cada parte.
• Una de las  ventajas que, para un autor desconocido, supone un acuerdo de este tipo es  la labor de difusión que la editorial hará para promocionar el libro, ya  que ella es la primera interesada en lograr el máximo de ventas. Aun así, procedería que el contrato recogiera las acciones de marketing a realizar  por cada parte y asignar un presupuesto.
• Concierta el número de ejemplares que la editorial te va a entregar gratis y el precio  que te cobrará por cada uno de más que le pidas (los autores tienen muchos  compromisos). También el número de ellos que se enviarán a la prensa, a la crítica e incluso a los prescriptores literarios.
• En caso de litigio, puede resultar útil acudir al arbitraje, en lugar de a los  tribunales de justicia ordinarios, en cuyo caso, es prudente reconocerlo en la cláusula correspondiente. Propón que sea una asociación de  escritores que disponga de una comisión paritaria para arbitrar diferencias, como tiene ACEC.
• Es importante establecer la nulidad automática del contrato si el editor no cumple alguna de las cláusulas.

De todos modos, si vas a negociar un contrato con una editorial que se arriesga a asumir toda la inversión, tu margen de maniobra es pequeño. Ellos tienen la fuerza, la experiencia y el conocimiento del mercado, así que no te pases en tus pretensiones, no vaya a ser que se arrepientan y tengas que volver a empezar. Otra cosa es si lo que te proponen es un contrato de co-edición y tú vas a financiar parte del coste de la edición. Aquí sí que estás en posición de imponer algunas condiciones. Pero ése es otro modelo de negocio.

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Derechos de autor.

Editores sin conciecia.

Desde el momento en que te has metido en la aventura de escribir un libro es porque te has sentido capaz de crear una novela digna de ser leída. Yo no puedo entrar a cuestionar tu designio, pero sí hacerte ver la importancia que tiene el cerciorarte de que eso es verdad, de que tu obra tiene un cierto valor y que merece la pena seguir trabajando para hacerla llegar al gran público, bien sea mediante coedición o autopublicacion. Por eso he insistido varias veces en que resulta útil contratar un buen corrector de textos, primero para que te dé su opinión, y segundo para que el léxico sea respetable.

Piensa que si logras que algún editor se interese por tu novela, la va a leer un profesional que se dedica a eso, que tiene veinte o treinta originales en lista de espera. Si se encuentra dos o tres errores en las primeras páginas, la va a dejar, sin cargo de conciencia alguno, y ni siquiera te va a contestar ni explicar el porqué de su decisión. Es una desventura que, habiendo llegado a ese punto, pierdas la oportunidad por un defecto de forma.

Si has superado esos filtros y un par de expertos conocidos ─que no amigos─ te aportan su opinión positiva, tienes ahora dos alternativas. La de autopublicar es una de ellas, tu cubres todos los gastos, tú corres todos los riesgos. Hemos comentado varias veces las ventajas e inconvenientes de esta fórmula y seguiremos haciéndolo. La otra es la coedición, de la que nos vamos a ocupar en este artículo.

Es cierto que las editoriales están pasando un mal momento. Con esto de la crisis, la gente compra menos libros. El que gusta de la lectura se provee en las bibliotecas públicas o se suscribe a determinadas colecciones por un precio fijo; el ebook avanza poco a poco y los jóvenes tienen otras aficiones. A nadie le ha extrañado que el número de títulos publicados en España en 2012 haya descendido un 6,2% respecto 2011 y un 20% respecto a 2008. De esos casi 70.000 títulos, tan sólo un 31% quedan incluidos en ese epígrafe tan amplio que se llama “literatura”.

No te extrañe pues que la industria editorial sea tan reacia a meterse en aventuras con autores desconocidos. Están para ganar dinero y eso no sólo es perfectamente lícito, sino también es necesario. Y aquí viene la paradoja, ya que esa debilidad puede convertirse en una oportunidad para el escritor diletante. Se trata de convencer al editor tradicional para que publique tu novela compartiendo el riesgo. Como los números ayudan a establecer los conceptos, voy a poner un ejemplo:

Si has escrito una novela decorosa, pongamos de 250 páginas, estimo que el coste de imprimir mil ejemplares se sitúa en torno a los 4.000 euros: dos mil a la imprenta, otros mil por corregirlo, y el resto para el ISBN, la portada, el maquetado, la galerada y los gastos de transporte. Busca una editorial de toda la vida, honrada, con vocación de servir a la comunidad cultural de tu región y cuya línea editorial corresponda al contenido de tu libro y hazle la siguiente oferta: Me comprometo a comprar 400 de esos 1000 libros a un precio de 5 euros, con la condición de que me permitas venderlos por mis propios medios. A ti te corresponde la distribución por los canales tradicionales (librerías, grandes superficies, tiendas especializadas), pero yo puedo hacerlo por los canales atípicos como Internet, en la vía pública, a instituciones y otros establecimientos. Incluso hasta puedes renunciar a los derechos de autor, pero sólo sobre esta primera tirada.

¿Qué has conseguido con eso? Compartir el riesgo al 50%. Es posible que, si tu novela tiene un cierto “gancho”, tu compañero de viaje se sienta atraído por la solución que le has propuesto. Él hará sus números y calculará los ejemplares que necesita vender para “hacer parra”. Ellos tienen una clientela fija y saben que, de una forma u otra, lograrán su objetivo: al menos, no perder dinero. Los tiempos que corren no dan para otra cosa.

Claro que también te puedes preguntas para qué necesito un socio si la mitad de los gastos los soporto yo y él no corre ningún riesgo. “Por la marca”, te respondo. El valor de un libro gana tanto cuanto más prestigiosa es la editorial que lo publica. Si eres de esa opinión, inténtalo… y cuéntanos cómo te ha ido. Bajo estas condiciones, tendrás fuerza para negociar un contrato ventajoso, de forma que seas tú el beneficiado si el negocio funciona y hay una segunda parte. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio.

Abundan “los optimistas” que no apuestan un céntimo en favor del libro impreso. Las nuevas tecnologías, dicen, la piratería, la educación cultural, la falta de ayuda estatal y ─esto lo digo yo─ la televisión basura que se lleva en este país ─me temo que su contenido aporta poco a despertar el hábito de lectura en el espectador─. La verdad es que los datos que se conocen no son para “echar cohetes”, aunque las causas tendrían que ser objeto de una reflexión más seria.

La Federación de Gremios de Editores de España acaba de publicar un avance del Comercio Interior de libros en España 2011. Es un informe muy bien elaborado, sencillo y fácil de entender, te recomiendo su lectura. En él se ofrecen algunos datos dignos de analizar:

El primero, lo que ya sabíamos, el sector ha facturado 2.772 millones de euros, un 4,1% menos que en 2010. Tampoco es para echarse las manos a la cabeza, ¿cuántas empresas en España no se conformarían con una cuota de descenso similar?

El segundo, que se han vendido cerca de 200 millones de libros, lo que supone un precio medio de 13,87 euros por ejemplar vendido. Lo siento, me parece un precio muy alto. Este dato me confirma que algo no funciona bien en el negocio editorial. La semana pasada estuve en la Feria del Libro que se celebra en Donostia-San Sebastián y comprobé a mi pesar que el precio de la mayoría de los libros allí expuestos era superior a los 15 euros; y no eran nada del otro mundo. Eso sí, te hacía un descuento del 10%.

El tercero, la distribución de las ventas por canal de distribución y su evolución desde el año 2007: 

El cuarto, la facturación de libros en formato digital fue de 73 millones de euros, lo que apenas supone el 3% de la facturación total, lo que rebate el argumento de que el ebook sea el gran enemigo del libro impreso, al menos, por el momento.

El quinto, las editoriales han pagado en 2011 un total 193,1 millones de euros por derechos de autor y han recibido 76,5 por el mismo concepto. Si esto es verdad, el porcentaje que se lleva el autor apenas llega al 7% sobre el precio del libro, sin contar el IVA. Si esto es así, y parece que lo es, algo no funciona bien en el negocio, algo chirría, no sabría decir qué, pero lo dice el sentido estético.

Mientras tanto, La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE),  y la Asociación de Revistas de Información (ARI) han solicitado al Gobierno la aplicación de IVA cero a libros, periódicos y revistas tanto impresos como digitales. En este país, cuando una cosa no funciona, siempre se acude al Gobierno para que nos eche una mano.

El pasado uno de marzo entró en vigor la ley que pretende evitar la descarga ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor en Internet, una ley que desarrolló el gabinete de la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y que el actual, José Ignacio Wert no tardó en aprobar, sin incorporar modificación alguna, el 30 de diciembre de 2011, tan sólo una semana después de que Rajoy anunciara la composición de su gobierno. ¿A qué tanta prisa?

Este Real Decreto 1889/2011, regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado de ámbito nacional, cuyas funciones son la mediación, el arbitraje y la salvaguarda de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, para lo cual su actuación se divide en dos ámbitos:

• Sección Primera. Mediación y Arbitraje.
• Sección Segunda. Represión de las violaciones de la propiedad intelectual.

La primera pretende convencer por la vía del diálogo, la segunda por el palo y tentetieso. Su composición es la siguiente:

• La persona titular de la Secretaría de Estado de Cultura o persona en la que ésta delegue, que ejercerá la presidencia de la Sección.
• Cuatro vocales de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competitividad.
• Un funcionario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con nivel de subdirector general o asimilado, actuará como secretario de la comisión, con voz pero sin voto.

El proceso comienza con una denuncia del autor que solicita que se retire un contenido suyo protegido por derechos de autor. En ese momento, la Comisión tendrá en cuenta si la web denunciada tiene ánimo de lucro o si ha causado un daño profesional. Se estima que el proceso puede durar cerca de 20 días y, en este periodo, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo tendrá que pronunciarse hasta en dos ocasiones si los dueños de la web no acuerdan la retirada de contenidos.

Una vez que la solicitud es aceptada a trámite, se pide al juez una petición de autorización para identificar al responsable, a quien se contactará seguidamente para informarle. La web tiene un plazo de 48 horas desde que recibe la notificación para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después, se establece un plazo de deliberación, tras el cual, si la Comisión cree que hay vulneración, solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última instancia decide sobre la interrupción o retirada.

Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser voluntaria o forzosa, en cuyo caso se solicitará (al igual que a la hora de identificar) la colaboración del prestador de servicios de internet (empresas de telecomunicaciones).

Desde su nacimiento, la Comisión ha recibido 326 solicitudes de retirada de contenidos, de los cuales ha archivado 243 y admitido a trámite 83, la mayoría de reciente apertura, aunque las primeras resoluciones se esperan a corto plazo. En la actualidad hay ocho expedientes abiertos: dos afectan a páginas de descarga de libros, dos a sitios de cine, tres son de música y del octavo no se conocen datos.

Todo el procedimiento que se ha montado en defensa de los derechos de autor no deja de estar protegido por un cierto ocultismo, con leyes diferentes escondidas en otras de rango superior ─como la Ley Sinde 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible─ para confundir al usuario, hasta el punto de que la Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero establece la obligación de comunicarse con la dicha Sección Segunda sólo por medios electrónicos, con el noble propósito de beneficiar a los poderosos ─la industria y las entidades de gestión─ frente al maltrecho usuario sin recursos que, sin mala intención y, desde luego, sin ánimo de lucro, se atreve a incorporar un enlace en su blog a una página de descarga de las que se consideran piratas.

Mientras tanto, el ministro Wert se atreve a decir que la industria editorial debe basar su desarrollo en el mundo digital y tener clara su modernización e internacionalización. ¡Qué tío más listo!

En dos artículo anteriores publicados en este blog el 20 y el 30 de agosto de 2010 con el título de “Obligaciones fiscales de un editor”, hacíamos referencia a los escritores diletantes que, además de escribir un libro, se habían animado a autoeditarlo y convertirse en editores, pero nada decíamos de las obligaciones fiscales de los autores que han encontrado una editorial y reciben una remuneración en concepto de derechos de autor. Hablemos de ellos.

Hasta febrero de 1999, el escritor tributaba como un contribuyente normal. En aquella época, el tipo de gravamen que se aplicaba a los ingresos obtenidos por encima de una determinada cuantía no andaría lejos del 58%. Esto quiere decir que, si hubieras tenido la fortuna de ganar el Premio Planeta dotado con los 600.000 euros de hoy, Hacienda se habría quedado con 348.000 y tú sólo habrías percibido 252.000, lo que posiblemente no te habría hecho excesiva gracia.

A partir de esa fecha, prosperó el argumento de que un autor puede tardar una un lustro en escribir en una novela y que, por tanto, el rendimiento no debe computarse en un solo ejercicio, sino considerarse como renta irregular y admitir la opción de imputar los devengos en un plazo más largo, pongamos cinco años, o conforme se vayan produciendo. Vamos, más o menos, como hacen los futbolistas, a los que Hacienda les permite distribuir los ingresos obtenidos en los diez años que puede durar su carrera profesional, a lo largo de toda su vida laboral.

Al parecer, la “culpa” de este beneficio fiscal la tiene Carmen Balcells, allá por el final del siglo anterior. Junto a un puñado de escritores de élite, la combativa agente se reunió con Ana Botella primero, y con la Agencia Tributaria más tarde, para expresar el principio de tener en cuenta el tiempo empleado en crear el objeto del impuesto. Así surgió 214/1999.el decreto.

Bueno es decir, para que la gente no se lleve a engaño, que al final todo el mundo termina por cotizar, la única diferencia está en que el pago es diferido, salvo el caso de algún cobro puntual de poca cuantía, si no tiene continuación. Ahí, sí que el escritor tiene una ventaja, ya que le aplicarán una cuota del 20-25% ─según los ingresos ordinarios que perciba─ en lugar del 45% que es la que corresponde al tipo impositivo superior.

Pido perdón, pero a mí este procedimiento me parece justo, todos tenemos la obligación de contribuir a sostener los servicios que el Estado de Bienestar nos ofrece. Es que, en lugar de protestar, deberíamos de estar agradecidos, contentos de que todos los años Hacienda se lleve un buen pellizco. Eso indica que nosotros estamos vivos y de que ellos lo siguen siendo.

Así que ya lo sabes, si tienes éxito y ganas mucho dinero, no te quejes. Paga y agradece a las musas para que te conserven la inspiración.