Si alguien es capaz de demostrar la autoría original de una combinación de elementos, ya sean escritos, sonoros o visuales, adquiere la propiedad de tal hallazgo y puede inscribirla en el Registro de Propiedad Intelectual. A partir de ahí, nadie la puede utilizar sin su consentimiento. En ese sentido, la ley protege el monopolio del artista y limita la libertad de expresión, ya que excluye a los demás del uso de esa producción, lo que supone una buena porción de palabras, melodías o imágenes que reduce la capacidad creativa del que viene detrás.

Llegado a este punto, conviene hacer la siguiente pregunta: ¿Es lógico que se considere propiedad intelectual un conjunto de elementos que pueden originarse al azar, sin necesidad de intervención humana?

Ya Borges (Otras inquisiciones. Nota sobre Bernard Shaw) ponía el dedo en la llaga, en 1951, cuando escribía lo siguiente: “A principios del siglo XIX, John Stuart Mill temió que se agotara algún día el número de combinaciones musicales y no hubiera lugar en el porvenir para indefinidos Webers y Mozart. A finales del siglo XIX, Kurd Lasswitz jugó con la abrumadora fantasía de una biblioteca universal, que registrara todas las variaciones de los 25 símbolos ortográficos, o sea, cuanto es dable expresar, en todas las lenguas”.

Claro que su respuesta a tal disquisición metafísica fue totalmente racionalista: “Quienes practican ese juego ─advierte Borges─, olvidan que un libro es más que una estructura verbal o que una serie de estructuras verbales: es el diálogo que entabla con su lector y la entonación que impone a su voz y las cambiantes y durables imágenes que deja en su memoria… la literatura no es agotable, por la suficiente y simple razón de que un libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída: si me fuera otorgado leer cualquier página actual ─ésta, por ejemplo─ como la leerán el año 2000, yo sabría cómo será la literatura del año 2000”.

Con motivo de celebrarse en Madrid la Feria Arco 2011, El País del sábado 12 de febrero dedicó buena parte del suplemento Babelia a analizar la situación del Arte en España. Un artículo titulado “Artistas contras las cuerdas”, escrito por Daniel G. Andújar, artista visual, merece un comentario.

Según un estudio realizado en 2006, los ingresos anuales obtenidos por el 53,7% de los profesionales de las Artes Visuales no llegaba a los 6.000 € y el 42,4% apenas superaba los 3.000 €, cuando el umbral de la pobreza en España está en 6.287,7 € al año. Con la nueva coyuntura económica, la situación ha empeorado y el colectivo de artistas es cada vez más pobre.

Durante los años de bonanza, se crearon infraestructuras espectaculares, se celebraron grandes eventos culturales, se abrieron decenas de museos, muchas veces sin un objetivo muy claro, como no fuere la mera propaganda política. Ahora, en tiempos de crisis, la cultura se ha convertido en un bien prescindible, bajo el lema de que hay que sanear las cuentas públicas.

Cuando una institución cultural sufre una contracción de su presupuesto, son los artistas los que más padecen, atrapados en un engranaje que los arrastra a un estado tan precario que muchos de ellos se ven obligados a abandonar su profesión y dedicarse a otras actividades para sobrevivir, mermando así la creación artística y el nacimiento de nuevas figuras destinadas a heredar el conocimiento existente y preservar la tradición del territorio.

Así el vivero cultural se está quedando sin cosecha y los frutos retroceden. Si esto continúa durante mucho tiempo, el futuro nos deparará instituciones culturales estériles y una sociedad desnutrida con poca sensibilidad hacia el arte que terminará por producir individuos estultos, orientados hacia la obtención de bienes materiales, fáciles de conducir.

Mientras tanto, gobiernos, entidades financieras, corporaciones y particulares gastan enormes cantidades de dinero en comprar obras de arte ─durante los últimos quince años, el número de coleccionistas adinerados se ha multiplicado por veinte─. El valor de las creaciones de los artistas consagrados no para de crecer, mientras que los pequeños se mueren de hambre. ¿Para cuándo el primer Museo de los Pobres?

El derecho a la protección de una obra original es un concepto moderno que emana de las teorías de la Ilustración, plenamente aceptado por la sociedad en que vivimos. Son objeto de protección las creaciones artísticas, científicas y literarias, quedando incluidas en este último epígrafe los libros, cuentos, poesías, ensayos, artículos, obras teatrales, folletos, historietas gráficas, tebeos o cómics.  Es un derecho que nace en el mismo momento en que el autor da a conocer su obra y no requiere registro ni depósito de copia, aunque siempre es recomendable disponer de alguna prueba que demuestre la autoría.

Hay que recalcar la noción de obra original, para diferenciarla de lo que es una copia total o parcial de otra ya existente, sin aportación sustancial de contenido. La producción de algo nuevo enriquece la conciencia del individuo y coadyuva al progreso de la Humanidad. En ese sentido, nada hay para objetar a los llamados “derechos de autor” que, en el entorno anglo-sajón, se conoce como “copyright”.

Viene esto a cuento por el debate que se ha abierto sobre la legislación que los gobiernos pretenden implantar para proteger tales derechos. Algunos colectivos rechazan este monopolio, alegando que el creador no es propietario completo de su obra, ya que se ha inspirado en la creación de otros artistas que le precedieron y se ha aprovechado del conocimiento que subyace en el entorno en que se mueve, al que consideran de dominio público.

En España, hoy todavía existe el derecho a hacer copias privadas de una obra sin permiso del autor, siempre que no exista ánimo de lucro. Pero la nueva ley deroga este derecho y protege al propietario de forma contundente, con lo cual las grandes empresas culturales tienen la puerta abierta para imponer su ley, en detrimento del consumidor que se verá obligado a pagar el precio que aquéllas impongan.

En el ámbito literario, lo que más me sorprende en esta guerra es la postura que han adoptado los escritores. Todos se han posicionado en favor de las editoriales y de las distribuidoras, sin darse cuenta de que a ellos ni les va ni les viene. Claro, no me refiero aquí a los famosos, a los consagrados ─si la piratería desaparece, ellos salen beneficiados─, sino a los del montón, a la mayoría de escritores que a duras penas sobrevive de su profesión. Los derechos que percibe un autor cuando una editorial publica su libro son el diez por ciento de su precio en el punto de venta, es decir, en torno a un euro o poco más, por cada ejemplar vendido. ¿Es eso justo?

A partir de ahí, cada uno sacará sus conclusiones. Pero yo me pregunto: ¿No sería el momento de prescindir de los canales tradicionales y utilizar otros procedimientos para vender el libro que has escrito? La tecnología ha evolucionado e Internet está ahí, a la espera de emprendedores dispuestos a descubrir nuevos caminos. Sólo haría falta el apoyo de portales especializados que nos dieran el soporte informático y se encargasen del cobro, a cambio de un pequeño porcentaje. Todo bastante simple.

Quedaría por solucionar el problema de la publicidad… ¿pero acaso no te encuentras ahora con el mismo problema? Pocas editoriales hacen campañas de promoción de escritores noveles o poco conocidos. Si consigues publicar, tu novela estará quizá una semana en un lugar preferente de la librería, pero al final terminará arrinconada en un sótano que nadie visita.

Para los escritores debutantes, Internet no es una amenaza… y la nueva ley de Propiedad Intelectual tampoco. Constituyen más bien una oportunidad. Dejemos que las librerías vendan los bestsellers a 20-25 € y creemos nosotros plataformas que permitan la descarga de nuestra obra a un precio entre 1,00 y 1,50 €, incluyendo foros donde los lectores aporten sus impresiones y discutan sus preferencias. ¿Creen ustedes que alguien va a discutir ese precio para bajarse a su tablet un título sugestivo o un argumento con encanto que ha encontrado en la web? Algunos quizá sí… la mayoría no.

Un fiscal de Manhattan ha ordenado el cierre de diez páginas web que ofrecían espectáculos deportivos sin tener autorización de los dueños de los derechos de retransmisión. Las páginas clausuradas brindaban enlaces para acceder de forma gratuita a partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, de la NBA, encuentros de fútbol de todo el mundo, veladas de lucha libre y otros muchos eventos.

Entre los dominios clausurados se encuentra rojadirecta.org, uno de los espacios más populares para ver partidos de fútbol por internet. Si entras hoy en esta página, te encontrarás con el siguiente anuncio que ha colgado el attorney:

El pregón recuerda que “es ilegal reproducir o distribuir material protegido por copyright tales como películas, música, software y juegos sin autorización. Los individuos que lo hagan corren el riesgo de ser acusados de un delito criminal, en base a la ley 18 U.S.C. & 2319. Los que violen la ley por primera vez se enfrentan a penas de hasta cinco años en prisión federal, indemnizar a los perjudicados, ser incautados o pagar una multa”.

¿Tiene Estados Unidos capacidad legal para cerrar un portal que se ve en todo el mundo? Al parecer, sí. La página web Rojadirecta.org está registrada en IPR (Intellectual Property Rights), una entidad que tiene su sede en Wasington y, por lo tanto, bajo jurisdicción estadounidense. En noviembre 2010, el Senado aprobó un proyecto de ley que autoriza el cierre de sitios que permiten la descarga de contenidos protegidos y anular el registro de su dirección en internet. A ella se ha acogido el fiscal de Nueva York, aunque la citada ley no ha sido todavía aprobada en el Congreso.

El caso es que, en mayo de 2010, Audiovisual Sport presentó una demanda contra rojadirecta.com ─un portal muy popular en España para ver partidos de fútbol y de baloncesto─ pidiendo su cierre por vulnerar los derechos de propiedad intelectual. La Audiencia Nacional desestimó el recurso por considerar que el sitio era un «intermediario». Entendía que proporcionar enlaces para ver un espectáculo no es ilegal.

¡Qué falta de respeto!

¡Qué atropello a la razón!

¡Cualquiera es un señor!

¡Cualquiera es un ladrón!

¿Sabías que el tango Cambalache fue prohibido por la dictadura militar de Videla… entre otras muchas cosas?

El administrador de rojadirecta ha informado que el sitio web seguirá funcionando en otros dominios no controlados por Estados Unidos y propone difundir sus nuevas direcciones. Ahí van:

https://www.rojadirecta.es/ / https://www.rojadirecta.me/ / https://www.rojadirecta.in/

El pasado lunes 24 de enero, el Gobierno pactó con PP y CiU una enmienda a la ley Sinde sobre Propiedad Intelectual. El nuevo texto será refrendado en el Senado en el mes de febrero y luego volverá al Congreso para su aprobación definitiva. El texto contempla la creación de un organismo administrativo (la llamada Comisión de Propiedad Intelectual) que, tras el visto de un juez, tendrá potestad para bloquear webs que faciliten contenidos protegidos por derechos de autor. La ley reformada no convence ni a tirios ni a troyanos:

• Las asociaciones de internautas estudian recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Alegan que la norma ofrece cobertura legal a los patronos para cerrar páginas webs, sin necesidad de demostrar que han causado un daño patrimonial al titular de los derechos y que es un atropello a la protección de datos personales.
• Álex de la Iglesia anunció al día siguiente su dimisión como presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, para mostrar su desacuerdo con la ley, aunque no explica si lo hace porque le parece insuficiente o porque está en contra de perseguir la piratería en Internet. Se diría que el bilbaíno ha tenido que defender como representante de los cineastas posturas de las que él no está muy convencido.

No se entiende por qué el Gobierno ha querido sacar adelante esta ley, deprisa y corriendo, sabiendo que la Unión Europea ha anunciado su propósito de promulgar una directiva sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, que probablemente tendrá un enfoque diferente. Hubiera sido más razonable esperar a conocer la nueva directiva para redactar una ley de Propiedad Intelectual definitiva adaptada a los tiempos modernos.

Está claro que tanto la nueva ley como la aplicación del canon digital favorecen más a los intermediarios y a los magnates del espectáculo  que al pequeño creador que vive en Internet. Aquéllos serán capaces de financiar un equipo de buenos abogados para descubrir infracciones y presentar demandas ante la Comisión ─incluso sin argumentos sólidos─, mientras que los escritores modestos verán impotentes cómo los lectores disponen de numerosas plataformas para descargar gratis el libro que ellos han escrito, sin que nadie les importune.

Llegados a este punto, no estaría de más echar un vistazo a la forma en que se trata el problema en el resto del mundo. Para hacernos una idea, entraremos en una URL de “El País” que analiza lo que han hecho unos cuantos países que se han atrevido a legislar en esta materia: 

Francia. La legislación francesa contempla sancionar con hasta un año de corte de conexión a Internet a los internautas que descarguen contenidos ilegales, después de tres avisos. Sin entrar a discutir si la ley es justa o no, ¿ustedes creen que este mecanismo puede funcionar?  Lo dudo. Y si lo consigue, será a base de consumir enormes recursos de la Administración.

Reino Unido. El parlamento británico aprobó en abril de 2010 la llamada Ley de Economía Digital, aunque su puesta en marcha está pendiente de un trámite y de la sentencia de los tribunales al recurso judicial interpuesto contra ella por BT y Talk-Talk. Aquí también la ley introduce una serie de mecanismos punitivos que se activan cuando el infractor recibe tres notificaciones en menos de un año. Pero es mucho más permisiva y su objetivo es cambiar el comportamiento de la gente de lo ilegal a lo legal más que castigar al usuario. Como último recurso, contempla reducir la velocidad de acceso a Internet y finalmente suspender el servicio al transgresor pertinaz.

Estados Unidos. La ley prohíbe el ofrecimiento y la descarga de contenidos digitales protegidos por derechos de autor y su aplicación es implacable. En junio de 2009, un juzgado de Minesota condenó a un ciudadano a pagar 1’4 millones de euros por descargarse 24 canciones. Pero parece que el futuro va por prácticas más sensatas, con acuerdos entre las compañías productoras de contenidos y los proveedores de conexión, que se han comprometido a entorpecer el tráfico web cuando detectan una irregularidad.

Suiza. Al igual que en casi toda Europa, las obras están protegidas por el derecho de autor hasta 70 años después de la muerte del creador. Sin embargo, la descarga de archivos para uso estrictamente privado no está perseguida por la ley. Lo que está prohibido es redistribuir esos contenidos con afán de lucro.

En casi todo el mundo, los derechos de autor están protegidos por la ley, del mismo modo que lo está la propiedad de un bien material. Nadie discute la prevalencia de ese derecho. Lo que se debate es si la ley ha de actuar contra el usuario que descarga contenidos protegidos o contra las webs que los alojan. Más o menos la misma controversia que surge con el tratamiento legal de la droga: castigar al consumidor o al traficante.

La fórmula de discriminar el tráfico en la web y penalizar la velocidad de las descargas fraudulentas parece razonable… cuando menos, recortaría la actuación judicial. ¡Ah! Pero aquí topamos con otros intereses. En España, la Administración ha permitido conexiones de alta velocidad como reclamo de las compañías telefónicas para captar clientes y justificar las tarifas de ADSL más altas de Europa. Por eso, los tiros no van por ahí. Veremos lo que sale.

Noticia aparecido en ADN, con motivo de la publicación de La flor del Norte (Planeta), en la que la escritora bilbaína retrata a Cristina de Noruega:

«No sabemos cómo sonaba su voz. Sólo habla dos veces: cuando elige a Felipe como su marido y cuando le pide una iglesia para San Olav. Lo que más me ha fascinado es el proceso de crear esa voz». La voz de la que Espido Freire habla es la de la princesa Cristina de Noruega. Desconocida, misteriosa, nostálgica, «desconcertante» e infravalorada en su tiempo y por la historia. La escritora ganadora del  Planeta en 1999 con Melocotones helados y columnista de ADN incurre en la novela histórica para darle vida en La flor del norte (Planeta), que presentó el miércoles en Covarrubias, donde descansa la princesa.

 Cristina de Noruega, conocida como la extranjera, el regalo dorado o la pobre doña Cristina, fue la mujer del infante Felipe de Castilla (hermano de Alfonso X el Sabio) e hija del rey Haakon IV. Abandonó el mar, el frío y la nieve de su tierra para ir a Castilla. Aunque todo apuntaba a que sería reina «al final tuvo que conformarse con un segundón (uno de los hermanos del rey)», explicó Freire. Tras viajar por Inglaterra, Francia y Aragón para desposarse, se instaló en Sevilla. Sólo estuvo cuatro años porque murió en 1262 con 28 y bajo causas misteriosas. Se habla de nostalgia, enfermedad o envenenamiento.

Y hasta aquí los datos sobre Cristina, últimamente en boga editorial. «Cuando la descubro tenemos más o menos la misma edad y me fascinó que no se supiera nada de su vida», cuenta Espido Freire, quien se encontró con la princesa vikinga gracias a un recorte de un periódico de los años 70 que le envió un amigo a Noruega, donde se instaló tras ganar el Planeta.

Mañana, 16 de enero de 2011, El País lanza una selecta colección con los grandes diccionarios de la Lengua Española, una obra  imprescindible para todo aquél que tenga interés en hacer un uso correcto de la lengua escrita y hablada:

• Diccionario de uso del Español, de María Moliner (3 volúmenes).
• Diccionario Oxford Español-Inglés e Inglés-Español (2 volúmenes).
• Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, de Joan Corominas (1 volumen).
• Diccionario de Sinónimos y Antónimos, de Gredos (2 volúmenes).
• Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse (3 volúmenes).
• Dudas y Dificultades de la Lengua Española (1 volumen).

Las entregas se harán los domingos con la compra del diario, la primera, a un precio de 4,95 € y las once siguientes, por 9,95 €.

La intención de la nueva Ley de Protección Intelectual en España es cerrar o bloquear páginas web que alojen contenidos descargables sin disponer de la licencia correspondiente, mediante un mecanismo de denuncia a través de un organismo administrativo y posterior sentencia judicial. Me cuesta entender que sea precisa la intervención de un tribunal cada vez que a un ciudadano de este país se le ocurre bajarse a su iPod el Txoria Txori de Mikel Laboa. ¿No creen ustedes que acudimos con demasiada frecuencia a los tribunales de justicia para dirimir nuestros conflictos, sin preocuparnos por las consecuencias? ¿No estaremos así otorgando al órgano judicial un poder casi omnímodo para intervenir en cuestiones que nosotros tendríamos que saber solucionar?

Da la impresión de que nos estamos adentrando en un modelo de sociedad prohibicionista, en la que se pretende regular la vida del ciudadano por la única vía de la sanción, en lugar de educar a la gente hacia el respeto a los demás para que todos fuéramos capaces de modificar nuestras costumbres y cumplir las ordenanzas motu propio, sin guincho que nos apriete. Aprender a convivir es tarea ardua que no se consigue a golpe de decreto, sino con diálogo y buen talante. Porque no sólo es esta ley…

Pero es que además, no veo yo muy claro como el Estado vaya a ser capaz de hacer cumplir la sentencia, cuando el juez ordene cerrar una página web cuyo titular resida en Japón, por poner un ejemplo, una página web que permita la descarga a tu tablet de la última novela de Vargas Llosa. ¿Tendría derecho el juez a bloquear este sitio al que acabas de entrar si incorporara un enlace a esa página web de nuestro amigo japonés? Demasiado.

Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con las descargas ilegales ni en contra de la Ley de Propiedad Intelectual. Ni mucho menos. ¿Cómo no vamos a apoyar un manifiesto como el que ha hecho la Plataforma de Creadores y Artistas por el Copyright? Lo que defendemos es, primero, que el mecanismo de la ley sea más humano y, segundo, que realmente se proteja al autor y no al intermediario.

Tenemos que favorecer la existencia de los creadores culturales y remunerarles adecuadamente para evitar su extinción y que puedan seguir deleitando nuestros ratos de ocio… ocupando nuestros espacios solitarios. Para que la cultura no se acabe, hay que pagar por ella, si no queremos que el artista, si quiere sobrevivir, se vea obligado a convertirse en un funcionario público, sometido al desmán de una clase política cada vez más endiosada.

Salvo los libertarios ─¿son unos pocos o son más de lo que creemos?─, la mayoría de la gente admite la propiedad intelectual que corresponde al creador de un bien cultural, de la misma forma que reconoce la propiedad industrial o la propiedad de una vivienda. No creo yo que se pueda discutir este privilegio.

El problema surge cuando vamos de compras. El día de Reyes, quise yo regalar un libro a mi hijo, concretamente, “La caída de los Gigantes”, de Kent Follet (Plaza y Janés 2010). Me acerqué la víspera a una librería y pregunté su precio. Me quedé alelado… 24,90 €. Se lo había prometido y no tuve más remedio que comprarlo, con harto disgusto y no menos mengua.

Nadie pone en tela de juicio el derecho que tiene Ken Follet a recibir  un canon por la venta de su libro. Lo que sí se puede objetar es la cuantía… o al menos, el margen que obtiene la cadena de intermediación. Es probable que el coste de producción del libro no haya rebasado los 4 €. De ahí a los 20 que paga el librero (le hacen un descuento del 20%), quedan 16 para retribuir al escritor, al editor y al distribuidor. Demasiado…

Por curiosidad, cuando regresé a casa, me metí en Internet y accedí al portal casadellibro.com para ver a qué precio se podía comprar el libro en Internet. En papel, el mismo precio que en la librería +  gastos de envío. Y en formato digital, 16,99 €. Más que demasiado, para un proceso de coste CERO…

Y aquí sí me sirve el argumento de que la cultura es un bien público y ha de ser accesible a todos los públicos. No me opongo a aportar mi óbolo para retribuir a un escritor que vive de su profesión. Lo que sí me opongo es a pagar un precio abusivo que, probablemente, beneficia más a los intermediarios que al creador de la obra.

Alguien me puede recordar que vivimos en una economía de mercado y que cada agente tiene la potestad de fijar el precio que le dé la gana al producto que fabrica. De acuerdo… aunque no estoy yo muy seguro de que se respete aquí la libre competencia, principio esencial en que se funda esa doctrina. ¿No estamos quizá ante un oligopolio que te obliga a pasar por el aro? Pues olvídate de Ken Follet y compra otro libro más barato, podrá argüir alguno. Sí, pero mi hijo quiere leer “La caída de los Gigantes”. Pues entonces paga los veinticinco euritos. Vale. ¿No podrías utilizar el mismo argumento cuando vas a comprar un coche y te has de conformar con un utilitario cuando a ti te gustaría conducir un Mercedes? Sí, que sí, que tienes razón, pero…

En la medida en que estemos obligados a pagar 25 euros por un libro en papel ─no encontrarás un bestseller por menos de 22 €─ o 17 por bajarlo a tu tablet en edición digital, estaré más cerca de lo que piensan los libertarios que de lo que hacen los patronos.